Varias asociaciones piden castigos para los clientes de prostitución
Estos colectivos aseguran que la mayoría de las meretrices son víctimas del tráfico humano
La Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres y la Plataforma de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución han vuelto a levantar la bandera contra los compradores de sexo femenino. Piden, entre otras cosas,que se les llame "prostituidores", porque "la palabra cliente normaliza como negocio la esclavitud e invisibiliza a los verdaderos responsables de la prostitución", una práctica que consideran como una forma de violencia contra las mujeres.
Las dos entidades, a las que se suma la Coalición Internacional contra el Tráfico de Mujeres, aseguran que la mayoría de las prostitutas "están obligadas, traficadas y forzadas a ejercer". Consideran que "solo a través de la penalización del prostituidor y del cuestionamiento social del mismo disminuirá la trata de mujeres con fines de explotación sexual y la explotación sexual de las mujeres". O sea, piden un modelo a la sueca. El país nórdico fue pionero enuna política que castiga al cliente -puede acabar incluso en la cárcel, aunque rara vez ocurre- y facilita que laprostituta abandone esa actividad. Así lo manifestaron ayer en una rueda de prensa y por medio de un comunicado.
Frente a la línea sueca, que han seguido ya otros países, se alza la contraria: legalizar y reglamentar la prostitución, como ha hecho Holanda. En España, la venta de sexocontinúa como una actividad alegal, si bien están penado el proxenetismo y el tráfico de personas. Desde hace años, el Gobierno ha incidido sobre todo en la lucha contra este último aspecto, el tercer negocio ilegal más lucrativo del planeta, según Naciones Unidas. El Ejecutivo ha evitado enfrentarse al dilema abolición-regulación, pese a que algunos ayuntamientos han aprobado ordenanzas, en general para prohibir la prostitución callejera. Y al tiempo el Congresoha emprendido iniciativas tendentesaprohibir los anuncios de contactos en prensa. El Consejo de Estado se pronunció a favor de la prohibición.
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