Maravall hace balance dos décadas después

José María Maravall fue ministro de Educación con los Gobiernos socialistas entre 1982 y 1988. En ese tiempo, aprobó algunas de las leyes que sentaron las bases del sistema de enseñanza de la España democrática: la Ley de Reforma Universitaria (LRU, de 1983) y la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación (LODE, 1985). El que para muchos es el mejor ministro del ramo que ha tenido España ha rehuido durante años hablar públicamente de educación. Ahora ha vuelto a hacerlo en una entrevista en la edición especial del periódico Escuela por su 70 aniversario.

Maravall hace repaso de su labor y explica que sus objetivos principales fueron "constitucionalizar el sistema, invertir recursos en una educación que era muy pobre y promover una igualdad de oportunidades que no existía". Se arrepiente, asegura, de lo que no hizo, sobre todo, de no haber establecido los mecanismos para evitar los "fraudes de ley" que se produjeron una vez se transferidas las competencias a las comunidades autónomas. Los Gobiernos del PP infringen criterios respecto a la gratuidad de los centros concertados -que es la razón de ser de la LODE-; [...] y en relación con los criterios de admisión de alumnos. Ahora, por ejemplo, están anunciando a bombo y platillo que quieren eliminar el requisito de proximidad de domicilio a los centros... Lo que siempre ha guiado al PP no es que las familias o los alumnos elijan dónde quieren estudiar, sino que sean los directores de los centros quienes elijan a sus alumnos, promover una selección que, a mi juicio, va contra la Constitución y, desde luego, contra mis principios. Evitar eso es algo que debería haber anticipado en la LODE".

De ese modo, el sociólogo (es un docente e investigador de gran prestigio internacional) señala que debía haberse garantizado "una Alta Inspección en todas partes" y "programas de carácter federal con financiación finalista, para lograr objetivos sobre los que el Gobierno de España tiene responsabilidades constitucionales". Unos mecanismos, en definitiva, que debían haber garantizado el margen de actuación del Gobierno pues, tras las transferencias autonómicas, "al Ministerio de Educación le quedaba muy poca coordinación". "Desde luego, no es posible que el ministerio sea una especie de UNESCO que vive en un lugar situado en París o en la nubes; en todo caso, algo lejano y que no tiene realmente capacidad de actuación", asegura en la entrevista.