Las clínicas abortistas denuncian que hay 17 leyes del aborto, una por cada autonomía

La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) ha denunciado hoy que la nueva ley del aborto no ha cumplido con su objetivo de garantizar la igualdad de acceso a esta prestación en toda España porque "hoy existen 17 leyes del aborto, una por cada autonomía".

Tras cumplirse siete meses de aplicación de la norma, ACAI ha constatado en sus 36 centros que las autoridades no están ejecutando los "pilares básicos" que llevaron a su aprobación: equidad, seguridad, gratuidad y confidencialidad en la practica del aborto.

Andalucía sigue siendo la región que mejor está cumpliendo la ley, mientras que Madrid y Cataluña son las que más dificultades están presentando para convertir esta prestación en un recurso asequible, equitativo, gratuito y desideologizado, ha informado en rueda de prensa Francisca García, vicepresidenta de ACAI.

El presidente de la asociación, Santiago Barambio, ha explicado que la "libertad" que los decretos de desarrollo de la ley otorgan a los Gobiernos autonómicos y el "escaso margen de maniobra" que reservan al Ejecutivo hacen "imposible" que se cumpla. Barambio, que ha expuesto este problema a los dirigentes del Ministerio de Sanidad, ha pedido a su titular, Leire Pajín, que haga uso de la disposición que contienen los reglamentos para dictar "cuantas medidas sean necesarias para unificar criterios" y ha reclamado a los gestores autonómicos que cumplan con sus obligaciones.

De Cataluña, ha denunciado que se están practicando abortos farmacológicos en los centros de Atención Primaria, sin estar acreditados para ello, mientras que se exige a las mujeres el previo pago de la intervención. La norma obliga a las Administraciones autonómicas a suministrar la información preceptiva y algunas, como la andaluza, no han sido capaces de distribuir regularmente los sobres mientras que la "ideologización" de la documentación se observa en Madrid, donde "culpabilizan a la mujer y la dirigen a organizaciones de signo claramente antielección". El tema de la confidencialidad también se ha complicado "tremendamente" con la nueva ley y en Cataluña, Valencia o Madrid la afectada queda "identificada durante todo el proceso, y su intimidad, expuesta".

Frente a comunidades donde todo el proceso del aborto no dura más de una semana -País Vasco, Valencia, Murcia o Galicia-, en otras como Cataluña, algunas provincias de Castilla y León y Madrid puede prolongarse hasta tres semanas. Según la vicepresidenta de ACAI, esto conduce a muchas mujeres a renunciar a la prestación gratuita "por agotamiento emocional" o por miedo a superar determinadas semanas de gestación.

Las féminas de Navarra y La Rioja tienen que trasladarse a otras autonomías porque no se les ofrece otra posibilidad, y algunas de determinadas provincias de Castilla y León -León, Salamanca, Segovia y Soria- tienen que abandonar no solo su provincia, sino la región si quieren que la prestación les sea financiada públicamente.

Barambio ha hecho hincapié en la falta de definición del concepto "gestación" que sitúa "de nuevo" tanto a la mujer como al profesional en una situación de "inseguridad jurídica", ya que la norma deja a la interpretación personal el momento desde el cual se inicia el embarazo.

En ninguna autonomía, salvo en Andalucía, se ha consolidado un modelo de concertación público para la prestación del servicio, lo que fomenta la "desigualdad" y la "opacidad" en el acceso. Así, el porcentaje de intervenciones realizadas con financiación pública es muy alto, por ejemplo en Asturias, con más de un 90%, y en algunas provincias relativamente bajo, como el 15% de A Coruña. La tendencia general se va aproximando a un 60% de intervenciones con dinero público y un 30% practicadas de manera privada, ha apuntado el presidente de ACAI.

En cuanto al pago, en unos casos como el catalán es la mujer la que ha de adelantarlo, lo que resulta muy costoso para mujeres que, en ocasiones, deciden abortar por carecer de recursos. En otras regiones se ha establecido un sistema de facturación directa de la clínica a la consejería u hospital que, según Barambio, está "asfixiando económicamente" a los centros acreditados.