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El juicio por el 'caso Mari Luz' comienza mañana

El padre de la niña asesinada afirma que acatará la sentencia.- Una cadena de errores en la tramitación de sentencias puso al descubierto las deficiencias del sistema judicial y provocó una huelga de jueces en todo el país

Mañana comienza en la Audiencia Provincial de Huelva el juicio de la menor Mari Luz Cortés, de cinco años, desaparecida a principios de 2008 cerca de su casa, en el barrio onubense del Torrejón, y hallada muerta 54 días después en la ría de Huelva. La Fiscalía pide 23 años de prisión para el principal acusado, el pederasta Santiago del Valle, 20 por asesinato y tres por abuso sexual, y 17 años para su hermana Rosa, por asesinato. La tragedia provocó aquel año una importante conmoción social, política y judicial en el país. Una larga cadena de errores en los tribunales de Sevilla permitieron que el pederasta esquivara la justicia durante más de cuatro años y se encontrara en libertad aquel 13 de enero (día de la desaparición de la menor) a pesar de estar condenado anteriormente por otros abusos sexuales, entre ellos a su hija, también de cinco años.

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Juan José Cortés, el padre de la niña, ha anunciadoque va a aceptar la decisión del juez y que, pase lo que pase, no recurrirá la sentencia porque "esta agonía no se puede alargar más". Haindicado, además, que solicitará que ambos acusados e Isabel García -esposade Santiago, ya fuera del caso- corran con los gastos de la búsqueda de la niña.

El caso Mari Luz generó una revolución judicial como no se había visto en la historia de la democracia. Gobierno y oposición se aliaron en protesta contra los jueces y estos,al unísono, culparon al sistema y se defendieron entre ellos (llegando incluso a celebrar una huelga encubierta). Ellos acusaron al gobierno de "injerencia" y el Gobierno a ellos de "corporativismo".

Juan José Cortés, recorrió el país en busca de firmas para endurecer el código penal, en concreto las penas a los pederastas. Consiguió más de un millón. En mayo, dos meses después de que apareciera el cadáver de su hija, fue recibido por el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en La Moncloa, y éste se comprometió a revisar el código penal, una promesa que, según Cortés, "nunca se cumplió".

Negligencias judiciales

Rafael Tirado, el magistrado del Juzgado de lo penal número 1 de Sevilla, era el responsable de ejecutar las condenas anteriores de Del Valle, pero él y la secretaria judicial, Juana Gálvez, permitieron que el pederasta esquivara las penas de cárcel durante varios años. Del Valle debería haber ingresado en prisión en diciembre de 2004. El Juzgado de lo Penal número 4 de Sevilla lo condenó el día 13 de ese mes a más de dos años de prisión por tocamientos a una niña de nueve años en Sevilla.

Sin embargo la falta de antecedentes penales (comprobables) le permitió seguir en la calle. No los tenía porque, en aquella fecha, la Audiencia de Sevilla no había redactado aún la sentencia por los abusos sexuales a los que sometió en continuadas ocasiones a su propia hija durante 1998. El estudio y fallo de este caso estaba señalado para el 17 de mayo de 2003 pero la sentencia no fue redactada y notificada hasta el 30 de diciembre de 2005. Ese retraso, de dos años y siete meses, permitió que el pedófilo reincidiera en Huelva.

Además, cuando el juzgado número 1 de lo Penal de Sevilla (el de Tirado) intentó contactar con el procesado, Del Valle ya no vivía en Sevilla sino que se había trasladado con su mujer a Gijón, donde acosó a otra menor y fue detenido, juzgado y condenado por ello. En los juzgados de Sevilla, mientras tanto, figuraba como "en paradero desconocido".

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) impuso a Tirado una leve sanción económica de 1.500 euros en vez de los tres años de expulsión que pedían algunos. A pesar de ello, Tirado recurrió. "Los errores judiciales de los últimos 20 años los estoy pagando yo", declaró el 11 de septiembre de 2008, al enterarse de la sanción impuesta por el CGPJ. Alfonso Martínez Escribano, su abogado, le exculpó con un argumento apoyado por la gran mayoría de magistrados españoles: "Es imposible ejecutar miles de sentencias al año". También se pronunciaron en este sentido las funcionarias encargadas de la tramitación de expedientes del juez. "El caos organizativo y la falta de medios en los juzgados son los culpables", explicó Mari Ángeles Cuenca, una de ellas.

Por su parte, la secretaria judicial, Juana Gálvez, fue sancionada con suspensión de empleo y sueldo durante seis meses. Tanto ella como Tirado cambiaron de destino. En cualquier caso, los jueces convocaron una huelga encubierta -junta de jueces- al considerar que el fallo no era responsabilidad de una persona sino de un sistema judicial lento y obsoleto. Aludieron que Tirado no podía ser el "chivo expiatorio" de las carencias del sistema. En octubre apoyaron a Juana Gálvez ("injusta cabeza de turco") y algunos pidieron la dimisión del entonces ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo.

El presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, por su parte, mostró su "disconformidad profunda" con la sanción de 1.500 euros impuesta a Tirado. El líder del PP, Mariano Rajoy, aseguró haber consolado al padre de la pequeña al conocer la sanción. Juan José Cortés es hoy asesor en temas jurídicos del Partido Popular. Según el padre de la menor, el PP es el único partido que se tomó en serio su petición de endurecer el código penal y plantear el debate de la cadena perpetua. Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el máximo órgano de gobierno de los jueces, decidió reformar sus sistema de inspección para evitar "fallos clamorosos" como el que condujo a la libertad de Santiago del Valle. El escándalo tuvo alguna consecuencia positiva como la creación de un registro de pederastas y la comparecencia del ministro de Justicia en el Congreso de los Diputados para tratar el asunto.

Los hechos

Santiago del Valle declaró en su primera versión de los hechos que aquel 13 de enero de 2008, llamó a Mari Luz cuando la menor pasaba delante de su casa. Lo hizo porque sentía "eso" que siente por las niñas. Tras intentar abusar de ella, según su declaración, "murió por accidente" tras recibir un golpe en la cabeza. Después cambió en varias ocasiones su relato hasta el punto de declarar que ni siquiera vio a la niña aquel día. Del Valle vivía en el barrio onubense del Torrejón, en casa de su hermana Rosa, desde hacía unos meses. Decía que en Sevilla le miraban mal y pidió alojamiento a su hermana, con la que hasta entonces no tenía relación. En Huelva se apuntó a un instituto cercano donde, según testigos, se le veía merodeando a las alumnas. Quiso entablar relación con alguna. Los vecinos del Torrejón explican que el pederasta se pasaba las horas en la ventana de su casa, un primero, escondido tras unas cortinas y esperando que pasara alguna niña. El 13 de enero Mari Luz salió a las 16.30 de su domicilio, donde se encontraban los padres y los hermanos, para comprar golosinas en un kiosco situado a apenas 300 metros. A su regreso pasó por delante del portal de Del Valle. Este la llamó. Un testigo la vio entrar. 54 días después su cadáver apareció flotando en la ría de Huelva, en la Punta del Sebo. Para ese entonces, Santiago del Valle y su mujer, Isabel García, ya habían abandonado el domicilio onubense (lo hicieron a la mañana siguiente de la desaparición, muy temprano, en presencia de la policía). Fueron detenidos a finales de marzo en Pajaroncillos (Cuenca), donde se habían trasladado a vivir. García, en un principio estuvo acusada de encubrimiento, está libre de cargos desde octubre de 2009. Cumplió una condena de 15 meses por haber permitido los abusos sexuales a su hija. Quedó en libertad en junio de 2010.

En el primer día de juicio, mañana a las 9.30, declararán los hermanos Del Valle, que ya se encuentran en Huelva, en el ala de enfermería de la prisión. Otros sesenta personas, entre testigos y técnicos, pasarán por la sala de vistas hasta el próximo día 25, en sesiones de mañana y tarde. En la última sesión comparecerá la familia Cortés.

Juan José Cortés, el padre de Mari Luz, la niña onubense presuntamente asesinada por Santiago del Valle, acusa al Gobierno de "tomar el pelo a los ciudadanos" por no haber hecho "nada desde hace más de un año", cuando el Congreso instó al Ejecutivo socialista a reformar el Código Penal para elevar las condenas.Vídeo: AGENCIA ATLAS

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