El Supremo de EE UU niega al Gobierno el derecho a pedir indemnizaciones a las tabaqueras

El alto tribunal reconoce, no obstante, que las empresas ocultaron durante décadas a los ciudadanos los efectos nocivos del tabaco

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha reconocido hoy que las empresas tabaqueras engañaron a sus clientes sobre los efectos de los cigarrillos durante décadas pero, a la vez, le ha negado al Gobierno el derecho a solicitar a esas compañías una indemnización multimillonaria para financiar programas de salud. La corte suprema norteamericana, rechazando nuevas apelaciones sobre el caso, acababa así con 11 años de batalla legal sobre las indemnizaciones a los fumadores que padecen cáncer y otras dolencias relacionadas con el consumo de tabaco.

De ese modo, reconoce y confirma que las empresas conspiraron para incrementar sus beneficios a costa de la salud de sus clientes, pero niega que el Gobierno tenga derecho de pedirles indemnizaciones por ello. Fue la Administración de Bill Clinton la que llevó a las tabaqueras a juicio en 1999, alegando que habían conspirado durante 50 años para ocultarle al público los efectos nocivos del tabaco. El juicio, celebrado entre 2005 y 2006, duró nueve meses.

Finalmente, la justicia norteamericana estimó en 2006 que las empresas de tabaco eran culpables. La juez Gladys Kessler ordenó a las tabaqueras que publicaran anuncios detallando los efectos médicos de la adicción al tabaco y les prohibió utilizar marcas con el nombre de "light", "natural" o "bajo en alquitrán". Entonces, sin embargo, la justicia denegó al Gobierno el derecho a recibir las indemnizaciones que solicitaba.

Tras aquella decisión, tanto la industria como el Gobierno presentaron sendas apelaciones ante el Tribunal Supremo. Las empresas (Altria Group, R.J. Reynolds Tobacco Co., British American Tobacco Investments Ltd. y Lorillard Tobacco Co.) pedían que se invalidaran diversas sentencias posteriores que las condenaban por violar leyes diseñadas contra las conspiraciones criminales. La Casa Blanca, bajo la Administración de Clinton y, luego, Obama, pedía que se condenara a las compañías a pagar hasta 280.000 millones de dólares (227.000 millones de euros) de sus beneficios para financiar programas de salud.

Durante el mandato del ex presidente George Bush, el Departamento de Justicia rebajó la cantidad de esa indemnización a 14.000 millones de dólares (11.800 millones de euros). El Supremo ha rechazado hoy aceptar las apelaciones, sin emitir comentario alguno al respecto.

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