Los Ayuntamientos de Valladolid que quieren el almacén nuclear ofrecen terrenos de sus concejales

Los Ayuntamientos de Valladolid que aspiran a albergar el almacén nuclear ofrecen terrenos de sus concejales. El pueblo de Santervás de Campos ha ofrecido al Ministerio de Industria 74,48 hectáreas que en su mayor parte son propiedad de la empresa Rústica Los Tesos. Esta empresa pertenece a las hermanas Allúe García, una de las cuales, María del Carmen, es concejal del PP y votó a favor de instalar en el municipio el silo atómico. El municipio, gobernado por el PP, ofrece 18.000 euros por hectárea a los propietarios si sale elegido, algo que triplica el precio de mercado. La empresa Rústica Los Tesos obtendría así 1,01 millones de euros si el Gobierno eligiera esa candidatura y la firma vendiera sus 56,1 hectáreas. Los otros terrenos son propiedad de un primo y un tío de otro concejal.

El alcalde, el popular Santiago Báez, explica que el Consistorio ofertó comprar los terrenos y que solo estos dueños de terrenos lo ofrecieron. "Pagamos el triple del precio actual porque ahí se instalaría un polígono industrial. Si nadie más quiso que ellos, será que el precio no les parecía muy atractivo", explica por teléfono. Báez no ve problema en que los terrenos sean de una concejal y de la familia de otro: "Somos pocos y todos somos familia". El regidor explica que "en el pueblo en invierno viven 70 personas, de las cuales 50 son jubilados", y considera que el ATC es la única opción para no acabar como un pueblo fantasma. "Tenemos pocas posibilidades. Nos dicen que lo lógico es que el ATC vaya a un pueblo nuclear, aunque en mi opinión habría que nuclearizar nuevas zonas", concluye. Santervás aprobó la candidatura por unanimidad.

Un caso similar es el de Melgar de Arriba, también en Valladolid. Entre las 40 hectáreas que ha ofrecido hay 5,6 del concejal José Andrés García Moro y de su esposa. "Reunimos tres lotes de parcelas y el ministerio eligió la zona en la que está el terreno del concejal, aunque en la selección final no necesariamente tendría que estar esa parcela", afirma el alcalde, Óscar Fernández, independiente.

El precio que ofrece el Ayuntamiento es el mismo que el de Santervás. "Se expropió para el AVE a ese precio y por eso lo hemos puesto", explica Fernández. Los dos alcaldes afirman que no existía terreno municipal fuera de la zona protegida, requisito indispensable para ser elegido.

El pleno que aprobó la convocatoria está recurrido porque, según un concejal de la oposición, no fue convocado en regla: "El pleno se convocó telefónicamente. Y un pleno extraordinario y urgente no se puede convocar así. El voto de este concejal no era decisivo, porque habría salido igual". El alcalde considera que este recurso es una estrategia para "quitar al pueblo de la carrera por el almacén nuclear".

La candidatura de Congosto de Valdavia (Palencia) también tiene pegas, ya que las normas urbanísticas del municipio, aprobadas en 2005, impiden "la instalación de residuos tóxicos o peligrosos, o depósitos de residuos radiactivos o nucleares", lo que vetaría le elección.

Castilla y León es junto con Valencia (cuyo candidato es Zarra) la opción menos complicada para el Ejecutivo, ya que los Gobiernos autónomos no se oponen a que el almacén de residuos radiactivos vaya a su territorio. Sin embargo, en Zarra el alcalde fue expulsado del PSOE por una denuncia de corrupción y la recalificación urbanística de los terrenos donde iría el almacén está recurrida judicialmente. Aunque la convocatoria para el almacén nuclear daba prioridad a los municipios nucleares (Ascó y Yebra), la oposición de la Generalitat de Cataluña y de la Junta de Castilla-La Mancha reduce sus opciones. Lo mismo ocurre con la candidatura de Albalá (Cáceres). La selección del emplazamiento sigue el calendario previsto y debe producirse antes de agosto.

Carlos Bravo, portavoz de la campaña nuclear de Greenpeace, consideró "inmoral e inaceptable que los alcaldes que han postulado a sus municipios quieran especular con sus terrenos. Es un escándalo de especulación urbanística a costa de la salud pública y el medio ambiente de sus ciudadanos y los de la comarca". Bravo considera el ATC "absurdo e innecesario". Greenpeace advierte de que "no existe consenso sobre el ATC" y denuncia que el almacén se basa en "concejales que buscan la especulación y el enriquecimiento ilícito".