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Un plan protegerá las aves del canal leridano Segarra-Garrigues

El gobierno catalán conseguirá cumplir la sentencia impuesta por la UE por vulnerar la legislación medioambiental en el regadío

La Generalitat ha sacado a información pública el Plan especial y de gestión de los espacios naturales protegidos en el ámbito del canal Segarra-Garrigues, una infraestructura que convertirá en regadío unas 70.000 hectáreas de seis comarcas del sur de la provincia de Lleida. Este plan comprende 262 acciones para hacer compatible la protección de las aves y de los hábitats con actividad agrícola y ganadera, con una inversión de casi 38 millones de euros en los próximos seis años.

El Gobierno catalán conseguirá con esta iniciativa, previa a la modificación de la declaración de impacto ambiental de la obra, dar cumplimiento a la segunda sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea por incumplimiento de la directiva sobre conservación de aves esteparias en este regadío. Las exigencias comunitarias han obligado a la administración española y catalana a restringir el riego en un total de 42.500 hectáreas, más de la mitad de la superficie que inicialmente estaba previsto regar.

El plan es fruto de un proceso de participación de seis meses en el que han intervenido más de 400 personas en representación de todos los sectores implicados. Contempla la regulación de los usos y la planificación de la gestión en nueve espacios naturales protegidos de los llanos de Lleida (secanos de Mas de Melons-Alfés; secanos del Segrià y Utxesa; secanos de la Noguera; Anglesola-Vilagrassa; Granyena; Bellmunt-Almenara; Plans de la Unilla; Plans de Sió, y secanos de Belianes-Preixana, con una superficie total de 54.000 hectáreas. Estos espacios están protegidos por la legislación europea y por la catalana.

El objetivo de esta medida es garantizar el patrimonio natural y la actividad humana y, en consecuencia, encontrar un equilibrio entre la conservación de los hábitats y fauna y la actividad agraria y ganadera. El plan establece un sistema de contratos o arrendamientos para compensar económicamente a los payeses afectados y se creará un orden de gestión global que dispondrá de un presupuesto de entre 5 y 7 millones anuales durante un período de seis anualidades.

Los ecologistas consideran insuficiente el plan porque está condicionado por la declaración de impacto ambiental que salió a información pública el pasado mes febrero y no incluye los planes de recuperación de las especies en peligro de extinción como existe la normativa. Para los sindicatos agrarios, los recursos también son insuficientes.