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España propone a la UE limitar al máximo el llamado turismo sanitario

Los pacientes que quieran ser atendidos fuera deberán contar con el permiso de un médico.- Jiménez afirma que el fenómeno es muy minoritario, y la propuesta lo dificultará aún más

La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, ha presentado a sus colegas de la UE (o a sus representantes, ya que, por la nube volcánica, sólo han asistido tres ministros al consejo informal) la propuesta española para la prestación sanitaria transfronteriza. El objetivo es regular la posibilidad de que un ciudadano de la UE reciba atención en otro país, y definir, en ese caso, quién paga (lo que se ha venido a llamar turismo sanitario).

Lo primero que hay que aclarar es que en este supuesto no entran los ciudadanos de un país de la UE que tienen su residencia en otro. Este caso, que es, con diferencia, el más numeroso (el padrón de 2009 recoge 2,3 millones de residentes en España con nacionalidad de los otros países de la UE). En este caso, como explicó Jiménez, España recibe de sus países de origen una cantidad mensual por cada uno (300 euros), independientemente de que usen los servicios sanitarios o no. Estos supone unos 3.600 euros anuales por persona. El balance es beneficioso para el Estado español, ya que el gasto medio en Sanidad está alrededor de 1.500 euros.

Tampoco afecta a los turistas que tienen un accidente, ya que en ese caso, como explicó Jiménez, se les atiende, y la factura hospitalaria se cobra al país de origen. Es lo mismo que sucede en el caso contrario, que un español sufra un accidente en otro país de la UE.

El debate -y fue por lo que España lideró el bloqueo de la propuesta que en diciembre pasado hizo Suecia, anterior presidenta de turno de la Unión- se centra en otros dos casos. El primero de ellos es quién debe pagar la atención cuando un residente en el extranjero vuelve a su país (por ejemplo, un inglés afincado en España que cuando enferma decide regresa a Reino Unido). La propuesta sueca -apoyada por Reino Unido- es que en ese caso pagara el país de residencia (España, en este caso). Esta fue la razón principal por la que España se opuso, ya que entiende que dentro del principal grupo de residentes extranjeros, los jubilados, lo lógico es que pague su tratamiento el país en el que han cotizado toda su vida. Este caso va a quedar resuelto en mayo por la entrada en vigor de un reglamento 883 de la UE, que avala la postura española.

El otro caso es aún más raro -prácticamente, no se da, insistió Jiménez- pero, como dijo la ministra, no por ello puede dejar de regularse. Se trata, por seguir el ejemplo anterior, de que ese inglés afincado en España quisiera tratarse en Francia. La jurisprudencia de los tribunales de la Unión Europea indica que eso es un derecho de los pacientes, pero admite que los países lo limiten. Y aquí es donde entran las salvaguardas que propone la presidencia europea (España, en este caso). La primera es que antes de desplazarse, el paciente debe recibir la indicación de un médico. La segunda, que el centro al que acuda tenga un certificado de calidad de su país. La tercera, que sólo se pagarán intervenciones que no requieran hospitalización ni unos tratamientos muy caros, que estén cubiertas por el país de origen del paciente y que no sean terapias experimentales. En la práctica esto equivale a que no se podrá hacer casi nada (salvo que el paciente quiera pagarlo). Imponer estas limitaciones sí entra en las capacidades de los países, ya que, como explicó Jiménez, los tribunales de justicia de la UE garantizan la libre circulación de pacientes, siempre que con ello no se ponga en riesgo la sostenibilidad del sistema sanitario ni se comprometa su eficacia.

Esta propuesta todavía tiene que ser negociada con los otros países (sobre todo Reino Unido y Alemania), como recalcó el comisario europeo de salud, el maltés John Dalli. España quisiera que se aprobara en junio.

Cenizas y gripe

Además, el consejo informal de ministros aprovechó la presencia de la director de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan, para tratar la situación creada por la gripe A. Jiménez manifestó su apoyo a las decisiones del organismo, aunque recalcó la necesidad de coordinar la respuesta ante pandemias futuras. Una de las posibilidades sería centralizar de alguna manera la compra de vacunas.

Dalli también se refirió a la nube de cenizas emitida por el volcán islandés. Según el comisario europeo, hoy por hoy no representa un peligro ni para la salud humana, ni para los animales, ni los cultivos. Dalli, sin embargo, añadió que seguía el seguimiento, porque estaban pendientes de ver qué pasa cuando la nube se deposite.