España y otros seis países logran bloquear la norma comunitaria que permite el 'turismo sanitario'

España y otros seis países de la UE han logrado bloquear un acuerdo sobre la directiva europea de asistencia médica transfronteriza, que busca eliminar los obstáculos administrativos para que los ciudadanos comunitarios puedan recibir asistencia sanitaria en otros Estados miembros y obtener el reembolso de esos gastos. España se opone a esta directiva porque no garantiza una atención sanitaria de buena calidad y porque su aplicación supondría un coste adicional de 2.000 millones de euros anuales para el sistema público, entre otros motivos, según ha dicho la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez.

"Hubo una minoría de bloqueo que hizo imposible el acuerdo pese a que la presidencia presentó dos nuevas propuestas de compromiso", ha dicho una portavoz de la presidencia sueca de la UE. Ahora será la presidencia española, durante el primer semestre de 2010, la que trate de lograr un acuerdo sobre la directiva de servicios sanitarios.

España, junto a Portugal, lidera el rechazo a la directiva desde que fue propuesta por la Comisión Europea (CE) a mediados de 2008, y ambos han logrado conformar una minoría de bloqueo -en la que también figuran Polonia, Grecia, Rumania, Lituania y Eslovaquia- en el Consejo de Sanidad celebrado este martes en Bruselas.

La directiva establece que los europeos no necesitan autorización previa de su país de origen para recurrir al llamado turismo sanitario, por ejemplo, para evitar una lista de espera, y tienen derecho a que se les reembolse el coste del tratamiento a la vuelta. En el caso de los tratamientos hospitalarios y altamente especializados, sí que se permitirá a los Estados miembros introducir un sistema de autorización previa para sus nacionales que quieran ir a otro país de la UE. Eso sí, deberán justificar que, sin esta restricción, podría haber riesgos para el funcionamiento de su sistema sanitario. La postura española es de "una reserva general" ante la directiva, ya que ésta "va en contra del derecho exclusivo que tiene cada Estado de organización de sus servicios sanitarios", indicó Jiménez a su llegada al Consejo.

La normativa "contempla algunos aspectos que nos parecen preocupantes", subrayó Jiménez. En particular, según apuntó, la calidad de la atención sanitaria se vería perjudicada por la posibilidad de que una persona acceda a un servicio sanitario concreto "sin que exista la recomendación previa de un médico". España también se opone a que se incluya "cualquier servicio sanitario" -en lugar de sólo los ligados al sistema público-, y quiere que se precise si el coste de la asistencia médica escogida por el paciente corresponderá a su país de origen o al de residencia.

La propuesta presentada por la presidencia sueca obliga a la sanidad pública a pagar el tratamiento de un paciente que acuda a un hospital privado de otro país de la UE, incluso aunque no estuviera concertado. El Gobierno rechaza esta posibilidad y alega que si el mismo ciudadano va a un hospital privado en España no se le reembolsarían los costes.

El segundo problema para España es la definición del Estado miembro de afiliación, sobre todo en el caso de los pensionistas. Los países nórdicos y la presidencia defienden que el Estado miembro de afiliación sea el de residencia. Es decir, que si un jubilado alemán que reside en Mallorca va a tratarse a Alemania, debe ser España la que le pague los costes. Sin embargo, los países del sur defienden que el Estado de afiliación sea aquel donde el pensionista ha contribuido a la seguridad social. Es decir, en el caso anterior, debería ser Alemania la que pagara.

El sistema de reembolso tras la prestación de servicios médicos "aumentarían de forma importante los gastos" del sistema público de salud, y en particular podría suponer un coste adicional de hasta 2.000 millones de euros, según Jiménez. España considera innecesaria la nueva normativa, ya que "hay unos reglamentos de Seguridad Social que ya contemplan la movilidad" de los pacientes dentro de la UE. "Nos hubiera gustado que se planteara una armonización encaminada a buscar una mayor calidad en la prestación de servicios como un bien público, no como una mercancía más", concluyó Jiménez.