Un juez de Lleida anula dos matrimonios de conveniencia

La titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Lleida ha declarado nulos "por falta de consentimiento" dos matrimonios entre dos inmigrantes magrebíes sin papeles y dos vecinas de Lleida de etnia gitana. Las bodas se celebraron a principios del año pasado en Alcoletge, localidad de unos 2.200 habitantes situada a unos 5 kilómetros de Lleida.

La Fiscalía de Lleida, tras una compleja investigación, abrió diligencias hace un año al sospechar de la existencia en la provincia de una red que presuntamente se dedica a organizar matrimonios de conveniencia entre ciudadanos de países de la Unión Europea y extracomunitarios. Las ceremonias irregulares se celebraban en juzgados de paz de pueblos pequeños de las proximidades de Lleida. La finalidad de estas bodas era regularizar en España a inmigrantes indocumentados. A cambio, las mujeres con las que se casaban obtenían una compensación económica.

La Fiscalía solicitó la anulación de unos veinte matrimonios organizados por esta banda. Los dos primeros casos se juzgaron el pasado 12 de marzo y la juez ha decidido que no son válidos, por lo que los inmigrantes que obtuvieron papeles gracias a este fraude vuelven a encontrarse en situación irregular en el país. La magistrada considera que las uniones fueron simuladas, ya que en realidad faltó el consentimiento de contraer un verdadero matrimonio con los deberes y derechos que el Código Civil impone, "buscando otras finalidades como la regularización de la situación del esposo". Las sentencias señalan la falta de convivencia, de colaboración familiar y de desconocimiento de extremos esenciales para declarar la nulidad de los matrimonios.

Durante una de las vistas, la pareja intentó demostrar que se casó por amor después de conocerse en una discoteca y de nueve meses de noviazgo. El hombre explicó que después de la ceremonia llevó a su esposa a París para presentarle a su familia y que al regresar del viaje se separaron tras residir juntos una semana. La mujer declaró que durante su estancia en Francia él la obligó a ponerse el velo y que como no estaba de acuerdo solicitó el divorcio. Los contrayentes nunca llegaron a estar empadronados en el mismo domicilio, no tuvieron una cuenta bancaria en común, no hubo convite después de la boda y no existe ninguna fotografía del evento, lo cual refuerza la teoría de que no hubo convivencia.

En el segundo caso, un joven marroquí se casó a primeros de 2009 con una mujer española y, según el fiscal, desde entonces han vivido en domicilios diferentes. La investigación se inició al comprobarse que algunos contrayentes ejercían como testimonios de bodas que se habían celebrado el día anterior a la suya.