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Tribuna:

La excepción hostelera

Antonino Joya, de la OCU, analiza el debate que llevó a dejar fuera de la ley antitabaco a los locales de ocio cerrados

La vigente Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo, que en su momento supuso un avance muy importante en materia de salud, no zanjó de manera definitiva el debate sobre el consumo de tabaco en todos los lugares públicos cerrados. Este debate vuelve a estar en la mesa tras el anuncio del Ministerio de Sanidad y Política Social, que pretende modificar la legislación tan solo cuatro años después de su entrada en vigor. La prohibición de fumar en los centros de trabajo, que en su día estableció esta ley, no se aplicó a la hostelería (bares, cafeterías, restaurantes, discotecas, etcétera) creando así un tremendo agravio hacia los trabajadores de ese sector e impidiendo, además, que millones de consumidores pudieran disfrutar de este tipo de locales en un ambiente sin humo. En las siguientes líneas pretendo responder a la pregunta de por qué se aprobó la ley con aquella excepción y los factores que, a mi juicio, coincidieron en aquel momento para que finalmente no fuera posible una regulación homogénea para todos los espacios públicos cerrados.

En primer lugar, y a pesar del arrojo que demostró la entonces ministra de sanidad Elena Salgado, lo cierto es que el propio Gobierno no estaba convencido de que la sociedad aceptara una prohibición de tal calado. Un cierto complejo por el "prohibir", unido a una falta de confianza en la madurez de la ciudadanía a la hora de cumplir las leyes amilanaron a nuestras autoridades que, finalmente, adoptaron un enfoque ambiguo, el peor posible para este tipo de regulaciones. Cierto es que la industria del tabaco (a través de organizaciones pantalla), colaboró activamente a avivar ese temor con eslóganes tan demagógicos como eficaces del tipo "más prevención y menos prohibición" o "la gente va a seguir fumando en bares y discotecas". Quizá en 2005 no estábamos suficientemente informados acerca de los riesgos (reales y muy graves) de una exposición a los 69 elementos cancerígenos presentes en el humo de tabaco ambiental. Se trata del famoso concepto de tabaquismo pasivo, que la industria también lleva años tratando de negar.

Un segundo motivo que determinó una legislación más permisiva fue la actitud agorera del sector de la hostelería que, muy directamente influido por la industria del tabaco, se dedicó a anunciar el Armagedón para su negocio. Pérdidas millonarias y destrucción de empleo eran los vaticinios de sus portavoces en todos los foros donde tenían ocasión de participar. Durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados el 13 de junio de 2005, el presidente adjunto de la Federación Española de Hostelería anunció que la aplicación de la ley traería consigo "una caída de algo más del 7% del volumen de las ventas" y que "las pérdidas de empleo serían más de 23.000". Sin embargo, un año después de la entrada en vigor de la norma, el propio Ministerio de Industria, Turismo y Comercio publicaba incrementos de más del 5% en las altas a la Seguridad Social en el sector de la hostelería. A pesar de todo, ese mensaje terminó por calar entre la sociedad y determinados grupos políticos que, finalmente, condicionaron su apoyo a la ley siempre que se dejara fuera de la prohibición al sector de la hostelería.

Precisamente, y en tercer lugar, la búsqueda del mayor consenso posible y la obsesión por la unanimidad (sin duda laudables objetivos de la ministra) terminaron por restarle fuerza y arrojo al texto legal que ya antes de entrar en el Congreso había claudicado ante el sector hostelero. El Gobierno quiso contar con el apoyo del resto de fuerzas políticas, sobre todo de aquellas de signo contrario que gobernaban en diferentes comunidades autónomas. Esfuerzo estéril. Aquel consenso obtenido en el Congreso no bastó para que a los pocos meses de aprobarse la ley varias autonomías (La Rioja, Madrid, Castilla y León y Valencia), publicaran decretos que, más que desarrollo, suponían un retroceso respecto de la legislación estatal, obligando al Ministerio a recurrirlos ante los tribunales, como también hizo la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) con las normas valenciana (Decreto 57/2006 de 21 de abril) y madrileña (Decreto 93/2006 de 2 de noviembre). Una ley sin fisuras ni excepciones, y a la vez con pleno respeto al ámbito competencial, no habría dejado espacio para decretos autonómicos tan desafortunados.

En cuarto lugar no hay que olvidar la influencia ejercida por la industria del tabaco, la auténtica perdedora en cualquier regulación de este tipo. Y la industria es hábil. Utiliza terceros para hacer llegar su mensaje. Rara vez vemos a un representante de las tabacaleras en un debate televisivo o escribiendo una columna de opinión en un diario. Y sin embargo, su voz está presente ya sea mediante asociaciones pantalla o líderes de opinión, oculta tras el velo de la tolerancia o de la preocupación por las pérdidas del sector. A lo largo de 2005, el discurso machacón en relación a que la población no aceptaría prohibiciones totales y que sería más acertada la política de excepciones en la hostelería, terminó calando entre nuestras autoridades sanitarias, que cayeron finalmente en la trampa de creer que los empresarios serían capaces de hacer costosas obras en sus locales para separar las zonas de fumadores o que las pequeñas cafeterías se alinearían del lado de los espacios libres de humo. Ninguna de las dos cosas ha sucedido en los cuatro últimos años: así, sólo el 10% de los locales pequeños (menos de 100 metros) han decidido ser espacios libres de humo y en los de más de 100 metros, un 37% aislaba mal la zona de fumadores (con una planta, un biombo o un simple cartel) y un 85% dedicaba más zona de la permitida a fumar, según un estudio de la OCU realizado sobre 976 espacios de uso público. Con razón últimamente la industria del tabaco va defendiendo la Ley española en distintos foros europeos, tratando de convencer a aquellos países que aun no tienen una legislación a este respecto de que nuestra ley es un ejemplo a seguir. Espero y confío que sus autoridades no se traguen el anzuelo.

En quinto y último lugar, se echó en falta una mayor resolución de los sindicatos a la hora de defender la prohibición de fumar en cualquier centro de trabajo, incluidos bares y restaurantes. En 2005, más que criticar la excepción de la hostería, defendieron el derecho a la autorregulación entre los representantes de los trabajadores y los empresarios. Como órgano consultivo del Gobierno, el Consejo Económico y Social (CES) tuvo ocasión de dictaminar el Anteproyecto de esta Ley, aprobado finalmente en el Pleno del 16 de marzo de 2005. Patronal y sindicatos, según el texto del dictamen, disponían "de los mecanismos de cooperación apropiados para concretar el tratamiento interno del tabaquismo en las empresas" y, en cuanto al entorno laboral, a juicio de los agentes sociales la regulación planteada podía ser "fuente de importantes conflictos, suponiendo una distorsión en los cauces regulatorios y de participación" de los centros de trabajo. El tiempo se ha encargado de demostrar (y solo han pasado cuatro años) que la prohibición de fumar en centros de trabajo se ha respetado sin conflictividad. Aquel dictamen fue aprobado por mayoría, con el voto favorable de los representantes de los empresarios y los trabajadores y con el voto particular de once consejeros, entre los que figuraban los cuatro representantes de los consumidores.

¿Y a partir de ahora? Creo firmemente que la legislación española se modificará, acogiendo a la hostelería entre los espacios libres de humo y sumándonos a la lista de países europeos más avanzados en este aspecto (Reino Unido, Francia, Italia, Holanda, Irlanda, Suecia, Noruega, Finlandia, Estonia, Lituania, Eslovenia, Malta y Bulgaria). Sospecho que por el camino habrá concesiones, como permitir la venta automática de tabaco en esos mismos locales (lo cual sería un grave error) o ayudar económicamente a los dueños de restaurantes por las obras realizadas para ajustarse a la ley (algo hasta cierto punto razonable solo para los que hayan construido auténticas zonas de fumadores).

Los sindicatos, como quedó de manifiesto en la última reunión del Observatorio para la Prevención del Tabaquismo, apoyan esta modificación, conscientes de que los trabajadores de la hostelería llevan demasiado tiempo expuestos de forma permanente a un riesgo de origen químico como es el humo ambiental del tabaco, un agente contaminante y cancerígeno que, además, habrá de empezar a evaluarse en el ámbito propio de los riesgos laborales. Por su parte, la sociedad española, fumadora y no fumadora, ha dado sobradas muestras de madurez y de estar más que preparada para convivir pacíficamente en cines, teatros, universidades, oficinas, centros comerciales y transportes públicos, y en el futuro en bares y restaurantes, disfrutando y compartiendo espacios de trabajo y de ocio con absoluta normalidad. La población es ahora más consciente de que la exposición al humo del tabaco es peligrosa para su salud. La industria de la hostelería seguirá anunciando la ruina del sector, como hizo en 2005 (lo último es el cierre de 70.000 locales y la pérdida de 200.000 empleos...), pero si no se cumplieron sus presagios entonces, tampoco ahora tiene por qué ser de otra manera. Puede que la presente recesión merme sus cuentas, pero, por desgracia, igual ocurrirá con otros sectores de la actividad económica. Mientras, la industria tabacalera seguirá haciendo lo que mejor sabe hacer: sembrar la duda... Hemos de confiar, finalmente, en nuestros políticos y en las comunidades autónomas, que deberán actualizar sus decretos a la futura legislación estatal. Las autonomías han de recoger el testigo del Gobierno central, cobrar protagonismo y, haciendo un uso responsable de sus competencias sanitarias, desarrollar políticas educativas, preventivas y de deshabituación, para combatir esta terrible epidemia.

Antonino Joya es Responsable de Relaciones Institucionales de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y ex-consejero del Consejo Económico y Social de España (CES).

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