González-Sinde defiende la "constitucionalidad" de las ayudas de las televisiones al cine

La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, ha expresado hoy su "confianza" en la "plena constitucionalidad" de la ley que obliga a las cadenas de televisión a invertir un 5% de sus ingresos en producciones de cine español y europeo. La titular de Cultura ha hecho estas declaraciones después de que el Tribunal Supremo haya planteado una cuestión de inconstitucionalidad contra la norma.

González-Sinde ha pedido esperar al dictamen sobre la cuestión de inconstitucionalidad. El alto tribunal estima que esa obligación de las cadenas de destinar parte de sus ingresos al cine español y europeo atenta contra la libertad de empresa que garantiza la Constitución, restringe la capacidad de las televisiones para decidir el destino de sus inversiones y no responde a razones imperiosas de interés general.

"Las televisiones tienen una obligación de servicio público y una obligación de difusión de la cultura y de difusión de todo lo que tiene que ver con nuestro patrimonio cultural y con la identidad, y de ahí que exista una medida como el 5%", ha señalado la ministra de Cultura a los medios de comunicación tras su intervención en el Congreso sobre el cierre de páginas web sin autorización judicial. "El cine es una forma de expresión artística y también una industria cultural que es prioritaria en la estrategia de cualquier país porque genera imagen exterior, identidad y tiene un gran retorno para la sociedad", ha alegado la responsable de Cultura, que ha subrayado que su Ministerio "seguirá apoyando las medidas de fomento de la cinematografía".

Desde 1999, cuando el Gobierno del PP impuso a los operadores audiovisuales (públicos y privados) la obligación de destinar un 5% de sus ingresos anuales a financiar producciones cinematográficas, las cadenas han invertido a la fuerza 1.000 millones de euros. El Gobierno socialista mantiene esta obligación en la nueva Ley Audiovisual.

El auto del Tribunal Supremo es un paso más en una vieja reclamación de la Unión de las Televisiones Comerciales Asociadas (Uteca), que interpuso un recurso que ha dado lugar al procedimiento judicial abierto en el Tribunal Supremo y que ahora ha llegado al Tribunal Constitucional.

Alejandro Echevarría, el presidente de la Uteca, que agrupa a las seis cadenas privadas, ha considerado hoy que sería "muy beneficioso para el cine español" que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional la ley, ya que, en su opinión, "mengua la esfera de la libertad empresarial" que establece el artículo 38 de la Constitución sin que exista "una razón imperiosa de interés general".

De echar para atrás el Constitucional dicha ley, será "una derrota en toda línea para aquellos que han hecho de esta materia un negocio particular" y que "lo único que quieren es llenarse sus bolsillos particulares sin importarles ni el cine español, ni su éxito, ni siquiera que las películas se estrenen o no", según Echevarría. A su juicio, lo que el cine español "necesita" no es recibir fondos por vías como "esta imposición legislativa", sino "cambiar el producto que hace para que empiece a tener una aceptación mayoritaria del público y no como ahora, que tiene un rechazo".