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Los obispos presionan a los diputados católicos por la reforma del aborto

Su portavoz asegura que "quien apoye, vote o promueva la ley está en pecado mortal público"

Herejía, pecado mortal, barbarie moral, contrasentido... El portavoz de los obispos españoles, el jesuita Juan Antonio Martínez Camino, ha avanzado un paso más en la presión contra los parlamentarios católicos que piensan respaldar en las próximas semanas la reforma de la ley del aborto planteada por el Gobierno socialista. "Quien apoye, vote o promueva esa ley está en pecado mortal público y no puede ser admitido a la sagrada comunión", ha dicho este obispo auxiliar del cardenal Antonio María Rouco en Madrid y secretario de la Conferencia Episcopal Española. Más tarde, avanzaría en la execración. "Quitar la vida a un ser humano es contradictorio con la fe católica. Quien contribuya a ello está en la herejía y, por tanto, excomulgado". Por si quedase alguna duda sobre los aludidos, el prelado ha proclamado que esa doctrina episcopal "vale para todos los católicos, estén en el partido que estén y por encima de lo que les diga su partido".

El portavoz episcopal ha sido el encargado de inaugurar este miércoles unos llamados "desayunos informativos CEU", que la poderosa Asociación Nacional de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo-CEU se proponen convocar cada dos meses. Martínez Camino ha comparecido ante medio centenar de invitados para disertar sobre "El derecho a la vida". Ha sido una lección teologal, con respuestas rotundas a cuestiones sobre las que la jerarquía católica no ofrece resquicios para la duda o el debate, como ¿quién es el ser humano?, ¿cuándo empieza la vida?, etc.

El prelado ha reconocido que no son pocas las circunstancias adversas que pueden llevar a una mujer a tomar la decisión de abortar, incluso el desánimo de no querer traer a "un mundo hostil un nuevo ser humano". También se ha referido a una de las réplicas que suelen recibir los prelados cuando condenan la despenalización del aborto voluntario: el encarcelamiento de las mujeres en esa situación. Según Martínez Camino, los obispos no quieren que nadie vaya a la cárcel. "Ni las mujeres, ni nadie", ha proclamado, antes de preguntarse sobre cuántas personas hay en prisión por eso en España. Ha dejado en manos de los jueces los atenuantes e, incluso, las eximentes que hayan de aplicarse en los supuestos casos de abortos ilegales. También ha preguntado retóricamente sobre la industria que se lucra con el aborto.

El portavoz de la Conferencia Episcopal ha cargado las tintas, además, sobre una supuesta historia de la despenalización del aborto en Europa, desde la ley Lenin en Rusia, de 18 de noviembre de 1920, a las normas aprobadas en 1933 por los nazis alemanes, que promovieron el aborto para los no arios y lo castigaron severamente entre arios. Esos fueron, según el prelado, los precedentes que secundaron décadas después las grandes democracias occidentales. "El mandato de no matarás no es un principio moral privado, sino un principio universal", ha sentenciado más tarde. Según el prelado auxiliar de Rouco, España "está a la cola" en la protección de la maternidad, con ayudas de apenas 80 euros, frente a los 1.500 que destina al mismo fin Luxemburgo, por ejemplo.

Los obispos van a luchar por la generalización de la objeción de conciencia entre los médicos ante la práctica del aborto en los hospitales públicos. Según Martínez Camino, se trata de un derecho reconocido en la Constitución dentro del derecho a la libertad religiosa. Además de felicitar a quienes hoy ejercen ese derecho -"hay que agradecerles su coraje cívico y su valentía"-, Martínez Camino ha argumentado: "La ley impone el aborto como un acto médico, cuando es todo lo contrario. Los médicos curan enfermedades. El embarazo no es una enfermedad, abortar no es curar". También ha criticado que el Gobierno, en la llamada nueva ley del aborto -en realidad, ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo- pretenda imponer en el sistema educativo "una visión abortista y de genero". Y ha añadido: "Hay que educar para el amor. El Estado no puede imponer una mayoría moral a todos, ni aunque fuese la católica. El Estado no es el educador de la sociedad, ni puede imponer principios morales. Con esta reforma legal, se está violando el principio constitucional de la libertad de enseñanza".