El CGPJ vota el jueves si pide otro mes al Gobierno para estudiar el proyecto de ley del aborto

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) votará este jueves una propuesta para pedir al Gobierno que amplíe un mes más el plazo disponible para analizar el proyecto de ley de Salud Sexual y Reprodctiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo y elaborar su dictamen, según informaron a Europa Press fuentes de la institución. Esta no sería la primera moratoria que pide el CGPJ. El pasado 2 de junio, la Comisión Permanente del organismo pidió al Ministerio de Justicia una prórroga de 15 días para disponer de más tiempo a la hora de elaborar su informe, un dictamen preceptivo y no vinculante sobre el anteproyecto, para el que disponían de un plazo inicial de un mes.

La petición se produjo porque los vocales estimaron que no tenían suficiente tiempo para elaborar el dictamen engargado por el Gobierno. Sin embargo, los vocales estiman ahora que ni con estas dos semanas extras podrían tener a tiempo el dictamen, por lo que se votará en el pleno la ampliación de un mes adicional, de manera que el trabajo no estaría listo hasta el mes de agosto.

El texto sobre la modificación de los supuestos legales para la interrución voluntaria del embarazo entró en el órgano de gobierno de los jueces el pasado 25 de mayo, por lo que el dictamen debiera estar listo para el 25 de junio. Tras las dos semanas de ampliación solicitadas ya al Ministerio de Justicia, el límite quedaría fijado en la primera quincena de julio, pero el Consejo cree que para ultimar su dictamen precisará de más tiempo.

La norma prevé incialmente que la mujer podrá interrumpir el embarazo libremente hasta la semana 14, siempre que, como mínimo tres días antes de la interrupción, haya recibido información sobre sus derechos y sobre las ayudas de que puede disponer para la maternidad si tal fuera su decisión. La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, explicó con ocasión de la presenación del anteproyecto que, de manera excepcional y hasta la semana veintidós la mujer podrá abortar sólo en dos supuestos: si estuviera en riesgo la vida o la salud de la embarazada o si hubiera graves anomalías en el feto. En los dos casos, deberá acompañar un dictamen emitido por dos médicos especialistas distintos a los que practican la intervención.