El Papa autoriza castigos más duros a quien se salte el voto de castidad

Benedicto XVI ha concedido mayores poderes a la Congregación para el Clero para que pueda castigar, de manera más severa, a los sacerdotes que no mantienen el voto de castidad y viven en concubinato o que se casan por lo civil sin haber recibido antes la dispensa para pasar al estado laical. De este modo, podrá infligir penas a los sacerdotes que no vivan la castidad sino de modo "irregular y escandaloso".

El secretario de esta Congregación vaticana, Mauro Piacenza, ha explicado en Radio Vaticano que no se trata de una "revolución de la disciplina eclesiástica para el clero" sino de una directiva para remediar algunas situaciones especiales. "Lamentablemente" se han verificado "situaciones de grave disciplina por parte del clero, en las que los intentos de superación puestos en marcha no han resultado eficaces" y en las que se corre el riego de generar un "grave escándalo", señaló.

Por esta razón, el Papa ha decidido conceder a la Congregación para el Clero "algunas facultades especiales" tales como tratar los casos de dimisión del estado clerical en aquellas circunstancias en que los sacerdotes se hayan casado, aunque sólo sea por lo civil, y después de ser amonestados, sigan con su conducta "irregular y escandalosa".

Por otro lado, los líderes de la Iglesia en Irlanda se han reunido con el Papa Benedicto XVI para informarle sobre la polémica suscitada en el país europeo a raíz de la publicación de un informe que denuncia abusos sexuales y maltrato a menores en centros de congregaciones católicas entre los años treinta y setenta. Según los medios italianos, durante la reunión, los prelados anglosajones han reiterado la "tolerancia cero" en la lucha contra la pederastia, en la misma línea marcada por el papa Benedicto XVI para atajar la violencia contra los niños.

Las 18 órdenes católicas que se citan en el documento, entre las que se incluyen los Hermanos Cristianos y las Hermanas de la Misericordia, anunciaron ayer que aumentarán las compensaciones económicas que ya habían sido pactadas en los acuerdos alcanzados en 2002 con el Gobierno irlandés. En estos acuerdos, las congregaciones aceptaron pagar 127 millones de euros para reparar a las víctimas, aunque con los incrementos anunciados ahora el monto total superará los 1.000 millones de euros.

A lo largo de 60 años, indica el estudio, aproximadamente 35.000 menores fueron enviados a una red de instituciones de la Iglesia formada por reformatorios o escuelas profesionales. De ellos, más de 2.000 denunciaron a la Comisión de Investigación sobre el Abuso Infantil que sufrieron abusos sexuales y malos tratos durante el tiempo que pasaron en estas instituciones.