El PP critica que no haya un consejo audiovisual para sancionar a las televisiones

El PP opina que el Gobierno debería crear un consejo estatal de medios audiovisuales con capacidad sancionadora para evitar ciertos contenidos en las televisiones. Lo reveló este jueves, en el Senado, tres años después de haber recurrido por inconstitucional la creación del Consejo Audiovisual de Cataluña, una de cuyas funciones es precisamente esa. Dentro de un debate sobre los límites y la falta de sensibilidad en la información sobre la violencia doméstica, el PP decidió que el Gobierno también es culpable de los excesos por no crear un órgano de este tipo.

Se votaba una resolución en la que todos los partidos están de acuerdo, tanto que no hizo falta ni votar. Pide que el Gobierno impulse la erradicación de los contenidos sexistas en televisión. Durante el debate, no faltaron las referencias, aunque sin citarlo expresamente, al programa de Tele 5 La Noria, que entrevistó a la compañera sentimental del hombre que agredió brutalmente al profesor Jesús Neira cuando le recriminó que la estuviera maltratando. La entrevista de esta mujer, justificando al maltratador mientras el hombre que la defendió agonizaba en el hospital, provoca una indignación unánime entre los grupos parlamentarios.

Pero, en nombre del PP, la senadora gallega María Jesús Sainz añadió que "España es la excepción en los países de nuestro entorno europeo, y no tenemos un organismo como el consejo estatal de medios audiovisuales con capacidad sancionadora". Por tanto, "aquí hay una culpa del Gobierno por no legislar adecuadamente y no actuar como debiera". En ese momento, una fila más atrás, a una senadora del PSOE se le escapó en voz alta "¡manda huevos!".

Esta petición del PP de que el Gobierno intervenga los contenidos de las televisiones surge tres años después de plantear un recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Cataluña. Uno de los artículos recurridos fue el 82, que crea el Consejo Audiovisual de Cataluña. Entre los argumentos del PP para recurrirlo, esgrimía que el control parlamentario sólo puede ejercerse sobre medios públicos, y el artículo del Estatuto no hace esa precisión.