El Defensor del Pueblo investiga los retrasos de la Ley de Dependencia

La oficina del Defensor del Pueblo ha recibido "bastantes" quejas de los ciudadanos por los retrasos sufridos al valorar su grado de discapacidad y por la valoración en sí misma. Enrique Múgica "trabaja" con todas las comunidades autónomas para ver cómo se está aplicando esta nueva ley en cada una de ellas. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) remitió hace unos días una encuesta efectuada entre cerca de un millar de ciudadanos en la que se detectaban retrasos en la recepción de las ayudas a los discapacitados de ocho meses como media.

El Defensor incluirá en su informe de 2008 un capítulo relacionado con el funcionamiento de esta ley. En el informe de 2007 también se hacía mención a esta norma y ya entonces se reseñaban las dificultades para ponerla en marcha, la falta de formación, personal y otras dificultades entre las que se citaban "los problemas para el adecuado funcionamiento del sistema informático" que comparten el Gobierno y las comunidades, "que al parecer no ha sido desarrollado en su totalidad y está dificultando el trabajo eficiente, por lo que las comunidades autónomas han desarrollado en muchos casos sistemas complementarios", decía el estudio. Aún hoy perduran algunos de esos problemas porque hay autonomías que no han adoptado el sistema informático central, pero un grupo independiente evalúa este sistema.

Las diferencias en la implantación de esta ley entre unas comunidades y otras son muy acusadas. Los retrasos desde que el ciudadano cursa la solicitud de ayuda hasta que la percibe son el origen del cúmulo de quejas. En algunas ciudades, como Alicante, se ha instaurado un turno de oficio en el Colegio de Abogados para que los afectados puedan interponer sus demandas.