El 40% del profesorado valenciano no podrá hacer huelga el 17-D contra Ciudadanía

El pulso vivido en los últimos tres meses entre la Generalitat y todos los agentes del sector de la enseñanza pública contrarios a la "política educativa autoritaria" ?que, además, se oponen de plano a la normativa valenciana que obliga a dar Ciudadanía en inglés sin más medios ni personal? ha impactado de lleno sobre la huelga general convocada para el próximo miércoles 17 en todos los centros públicos. La Consejería de Educación ha presentado hoy una propuesta del "personal de servicios mínimos", -que tendrán que estar en sus puestos de trabajo el día del paro-, que deja al 40% de los profesores y personal de apoyo sin derecho a la huelga.

En la práctica, esta cifra "duplica" el mínimo de profesores establecido por esta misma Administración educativa en la huelga general contra el decretazo laboral de Aznar en toda España, el 20 de junio de 2002, pese a que entonces los padres empleados eran los llamados a la huelga y podían hacerse cargo de sus hijos. En su momento, confirma Vicent Mauri del STEPV, "la Consejería fijó exactamente la mitad de los servicios mínimos, al establecer un profesor por etapa, y no por ciclo, como pretende". Es decir, que el centro que requería de dos profesores, ahora tendrá que disponer de cuatro el día de la huelga.

De publicarse estas instrucciones, cerca de 22.000 profesores y personal de apoyo (de un total de 54.000 dependientes de la Consejería Educación) se verán obligados a renunciar al derecho de huelga.

La Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic (integrada por los tres sindicatos mayoritarios STEPV, CC OO y UGT, y las asociaciones de padres, alumnos, profesores, directores e inspectores) ha anunciado que "recurrirá estos servicios mínimos por abusivos".

La consejería pretende obligar a "los centros de Infantil y Primaria con una línea donde trabajan 13 profesores, a que cinco presten servicios mínimos". Mientras, los sindicatos proponen "una persona por etapa, no por ciclo", lo que reduciría los servicios mínimos a tres profesores por colegio de una línea, además del director.

La Plataforma ha vuelto a instar a la Consejería que dirige Alejandro Font de Mora a que deje de hacer "instrucciones" con carácter "restrictivo" como las enviadas a la Inspección para hacer "listados" de los padres y alumnos que no piensan asistir a clase el 17-D. En la práctica, la Generalitat valenciana pretende desactivar una huelga general de la enseñanza no universitaria sin precedentes. Es la primera vez que se convoca en todas las etapas y que es apoyada por todos los estamentos educativos del sector público, partidos de oposición y 300 entidades cívicas y culturales, como Escola Valenciana.

En paralelo, la Administración de Francisco Camps se propone, en la línea iniciada en 1999 y 2000, consolidar a un puñado de "inspectores accidentales" nombrados en comisiones de servicio a través de un concurso de méritos donde el tribunal es nombrado por el Director General de Personal y el Jefe de la Inspección.