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Entrevista:

"Los partidos de ultraderecha están ahora más organizados y presentes en las calles"

Esteban Ibarra, presidente del Movimiento Contra la Intolerancia, critica la pasividad de la clase política hacia las agresiones racistas

Esteban Ibarra, coordinador del Informe Raxen editado y por el Movimiento Contra la Intolerancia y presidente del mismo, ha respondido por teléfono a las preguntas de ELPAÍS.com. La organización ha presentado hoy el documento, que destaca 4.000 crímenes de odio al año en España.

Pregunta ¿Por qué son Valencia, Madrid y Cataluña las comunidades con mayor número de agresiones racistas y ultra?

Respuesta En primer lugar, porque son los mayores núcleos de población donde se concentran inmigrantes, pero además porque son las ciudades de mayor tradición neonazi. Es en estas tres ciudades donde, a principios de los 80, comenzaron a ubicarse grupos neofascistas que hicieron de la xenofobia y la homofobia su leitotiv.

P: ¿Y no fueron desarticulados?

R: No, ha habido una metamorfosis continua y han entrado en escena varias redes internacionales, como [los neonazis] Blood And Honor y Hammerskin. Esto nos hace pensar en una mutación completa. Pero en el informe hablamos también del crecimiento de las agresiones en toda España.

P: ¿En qué medida han crecido las agresiones por crímenes de odio en España?

R: Nuestros datos son algo difusos y están incompletos, ya que el Ministerio del Interior no recoge la motivación de las agresiones, como pide el Consejo de Europa y las ONGs que trabajamos en Derechos Humanos en España. Que no queden recogidos solamente los daños, sino si la agresión fue motivada por ser la víctima negra o inmigrante.

Pero nos referimos a ataques de todo tipo. Por ejemplo, en Valencia: la Comisión Española de Ayuda al Refugiado ha sufrido ocho ataques (cócteles molotov y amenazas); Acción Cultural del País Valenciano, tres en los dos últimos meses; la librería Tres i Quatre, vinculada a Acción Cultural, ha sido objeto de pintadas y agresiones a los clientes. El sábado pasado, la Intersindical recibió su segundo ataque en quince días.

Hay ataques a los colectivos de inmigrantes, homosexuales e indigentes. Y también a las mezquitas. Un ejemplo de la impunidad con que operan lo hemos tenido este año cuando un antiguo miembro de las SS, Manfred Roeder, dio una conferencia en Madrid el pasado 13 de octubre. El Centro Simón Wiesenthal [organización dedicada a perseguir a los antiguos criminales de guerra nazis] envió una carta de protesta al ministro del Interior. Por lo que nos han contado, aún no han recibido respuesta.

Pasividad política

P: En el informe, denuncian la pasividad de la clase política, ¿a qué creen que se debe esto?

R: Fundamentalmente, a que no creen que el tema haya entrado en la agenda política, que no ha llegado el momento. Nosotros pedimos una legislación y una fiscalía especializadas en este tipo de delitos.

P: ¿Qué sucede con los partidos políticos de ultraderecha?

R: Estos partidos siguen la estela de Le Pen en Francia y de Jörg Haider en Austria. Se centran en recoger el descontento con la crisis y en volcarlo, no sólo contra los inmigrantes, sino contra el sistema democrático.

En los últimos dos años, hemos observado una mayor organización y una presencia más arrogante en las calles.

P: ¿Han logrado así más apoyo?

R: Existe cierta comprensión de algunos eslóganes. Por ejemplo: "los españoles primero", obviando el principio de igualdad y las leyes sobre igualdad en el trato de que nos hemos dotado. Lo grave es que algunos políticos y algunos medios se han hecho eco del mensaje. Algunos lo han incluido en su discurso político y hay medios que han asociado al inmigración a la delincuencia.

P: ¿Cómo utilizan Internet estas organizaciones?

R: Es su ventana al mundo. Entran en foros e incluso en páginas web de medios de comunicación y difaman e insultan difundiendo sus ideas. Han asaltado la red.

Su presencia es espectacular. De hecho, el Parlamento Europeo ha llamado la atención sobre el uso de Internet por lo grupos radicales y el Alto Comisionado de Naciones Unidas se ha planteado el asunto. También el Defensor del Pueblo ha alertado en repetidas ocasiones sobre el problema. En ese sentido, llevamos tiempo pidiendo una legislación sobre Internet: no entendemos que lo que es ilegal en la calle, sea legal en la Red.