El Gobierno prevé que el decreto de confidencialidad del aborto entre en vigor antes de fin de año

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un proyecto de real decreto que impedirá desvelar la identidad de la mujer que decida abortar, salvo por orden judicial. La iniciativa, que será retroactiva, "reclamada desde hace mucho tiempo por las mujeres", podría entrar en vigor antes de que finalice el año, ha informado la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El Gobierno, ha señalado por su parte la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, que también ha comparecido ante los medios junto con De la Vega, "garantizará la confidencialidad" de todas aquellas mujeres que decidan acudir a centros públicos o privados para interrumpir el embarazo. El proyecto propone que los centros separen el historial clínico de los datos privados de la paciente, que serán cifrados con un código. Esta medida será retroactiva, por lo que cualquier mujer que desee esta protección de datos podrá solicitarlo en el centro al que acudió. "Nadie puede entrometerse en la decisión de las mujeres, es un derecho a la intimidad", ha dicho Fernández de la Vega.

La iniciativa también garantizará la calidad de las clínicas, para que la salud de las mujeres que decidan interrumpir el embarazo tenga un seguimiento a través de ecografías o revisiones posteriores a las intervenciones.

Fernández de la Vega ha reconocido que este decreto "puede ser insuficiente" y que, por eso, recogerá las propuestas de las clínicas acreditadas para practicar interrupciones de la gestación.

Críticas

La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) ha señalado que la iniciativa no será efectiva ya que apuesta por revelar los datos de estas mujeres sólo si los solicita un juez, algo que ya se hace. "Me gustaría saber qué ventajas conseguimos con este decreto", se ha preguntado el presidente de esta asociación, Santiago Barambio, quien teme que la medida sirva para "complicar la vida a las clínicas". Según Barambio, los centros "nunca han facilitado datos" si no ha sido por mandato judicial. En su opinión, lo que realmente protegerá a las mujeres que aborten es que interrumpir el embarazo "no sea un delito, como lo es en todos los casos salvo en tres".

La asociación de mujeres juristas Themis ha manifestado que "lo más urgente" en España es aprobar "una ley de plazos" que regule estas prácticas. La presidenta de la Federación de Asociaciones Pro Vida, Alicia Latorre, ha declarado que la futura normal "es innecesaria", porque "la legislación actual ya protege los datos" de las mujeres que abortan.