Barcelona contará con el primer fiscal de toda España especializado en acoso inmobiliario

Barcelona contará con el primer fiscal de toda España especializado en casos de acoso inmobiliario, un fenómeno por el que entre 2004 y 2007 se presentaron más de 509 denuncias en las oficinas municipales de vivienda de la capital catalana, de las que siete llegaron a los tribunales.

El alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, y la Fiscal Superior de Cataluña, Teresa Compte, han firmado para ello un acuerdo para que ambas instituciones actúen de manera coordinada si se comprueba que existen indicios de acoso entre los casos que se denuncian en estas oficinas de atención al ciudadano.

Prueba piloto

Las funciones de este fiscal especializado -en una experiencia piloto que Compte quiere que se extienda a otras zonas de Cataluña- serán las de coordinarse con el Consistorio para analizar estas denuncias, instruir las diligencias de investigaciones si fuera necesario y presentar ante los tribunales los casos de posible acoso.

Desde ahora, pues, el fiscal Fernando Rodríguez Rey coordinará la investigación de posibles casos de mobbing cuando la mediación no sea suficiente para solucionarlos.

"La especialización da una mayor eficacia"

No es la primera vez que el Ministerio Público catalán es pionero en la creación de la figura de un fiscal coordinador de un área específica, como los delitos económicos, medioambientales o, el más reciente, homófobos. Para Compte, "la especialización da una mayor eficacia" y se "evita la dispersión de trámites" dentro de la misma Fiscalía.

La Oficina de Vivienda de cada uno de los diez distritos barceloneses -de las que ocho ya están en funcionamiento y las otras dos lo estarán a principios de 2009- recabará información sobre los supuestos casos de mobbing y el Ayuntamiento ejercerá su función de mediador para solventarlos.

Pero cuando sea imposible encontrar una solución que satisfaga a inquilinos y propietarios, se remitirán los expedientes a la Fiscalía, que llevará el caso por la vía penal, que castiga con condenas de hasta tres años de prisión los delitos de coacciones o de atentado contra la integridad moral.