Amnistía Internacional pide una ley que regule el acceso de los menores a los videojuegos

Amnistía Internacional considera que los menores españoles están desprotegidos frente a los videojuegos con contenidos no recomendados para su edad, y asegura que "el Gobierno delega la protección de los menores en las empresas privadas de videojuegos y no hace nada por protegerlos, violando sus derechos al incumplir la legislación nacional e internacional en materia de protección de la infancia".

AI considera además insuficientes las medidas anunciadas por la ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, el pasado 20 de diciembre, y pide una legislación estatal que regule el sector. Reconoce Amnistía Internacional (AI) que en el último año se ha generalizado en España la aplicación del Código PEGI, un sistema europeo de clasificación por edad en el que se basa el código de autorregulación. Pero al mismo tiempo advierte de que la clasificación por edades que realizan las empresas fabricantes "a menudo es poco rigurosa y confusa, y la información aportada por los iconos utilizados no es suficiente para conocer el contenido del producto".

"Basar la protección de los menores frente a contenidos que banalizan las violaciones de derechos humanos exclusivamente en un código de libre adhesión por parte de las empresas de software de entretenimiento es una dejación de responsabilidad por parte del Estado", señala Esteban Beltrán, director de AI en España.

La iniciativa de difundir un decálogo de consejos para orientar a padres y tutores en la compra responsable de videojuegos, lanzada por la ministra Elena Salgado en diciembre, no es suficiente según AI porque llega cuando la campaña de Navidad ya está avanzada y se apoya en la voluntariedad de las empresas para controlar el acceso de los menores al mercado de los videojuegos", censura.

Legislación marco

En opinión de Amnistía Internacional, es necesario adoptar una legislación marco de ámbito estatal que garantice la protección de la infancia y la adolescencia en todo lo relativo a la producción, distribución, venta, publicidad y promoción de los videojuegos.

Beltrán censura que, hasta ahora, "el Estado español ha delegado la diligencia debida en materia de protección de la infancia en esta materia en las Comunidades Autónomas, que han ido elaborando sus propia legislación para, de manera más o menos directa, controlar el acceso de los menores a videojuegos no recomendados para su edad". AI hizo la prueba con una niña de ocho años que, en un centro comercial de Madrid, sin ningún tipo de trabas estas Navidades el videojuego True Crime2: New York, destinado para mayores de 18 años.

Este hecho, según AI, demuestra que "los puntos de venta de videojuegos no disponen de medidas para controlar el acceso de los menores a contenidos no adecuados para su edad. Los puntos de venta analizados por la organización exhiben los videojuegos clasificados por empresas productoras o soportes y no por edades; y a menudo se trata de grandes superficies donde no existen obstáculos para que los menores puedan adquirir videojuegos no recomendados para su edad", añade.