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La Eurocámara permite el uso de productos cancerígenos por sus beneficios socioeconómicos

El Parlamento Europeo cede ante las presiones de la industria y los Veinticinco y relaja su plan contra las sustancias químicas peligrosas

El Parlamento Europeo ha aprobado hoy un paquete legislativo para presionar a las empresas con el fin de que sustituyan los productos químicos más peligrosos por otros más seguros para los trabajadores y el medio ambiente. Europa es el primer fabricante y consumidor mundial de sustancias químicas. El texto no convierte en obligatorio dejar de usar los productos peligrosos si se imponen los controles adecuados de seguridad y sus beneficios socioeconómicos superan las amenazas para la salud y el medio ambiente.

El conocido como registro Reach de sustancias químicas tiene como objeto acabar con el uso de productos cancerígenos o bioacumulables, pero ha despertado la oposición de la industria (que teme un aumento de costes) y de los Estados (que no hace mucho rechazaron que esa sustitución fuera obligatoria). Así las cosas, la Eurocámara y los Veinticinco tendrán que llegar a un acuerdo para que la legislación aprobada hoy entre en vigor el año que viene.

Tampoco cuenta el plan con el apoyo de los ecologistas, que lo consideran una rendición a las grandes empresas químicas (que mueven 440.000 millones de euros y emplean a 1,3 millones de personas). El Reach (siglas en inglés de Registro, Evaluación y Autorización de Sustancias Químicas) sustituye la caótica legislación actual, que permite la venta de pinturas, fibras textiles, ordenadores o plásticos con sustancias tóxicas o sospechosas de inducir alergias, cánceres e infertilidad, entre otras enfermedades.

El registro incluirá 30.000 sustancias producidas o importadas por la Unión Europea en cantidades que superen la tonelada anual. Todas deberán estar registradas entre 2007 y 2018 en una agencia de control en Helsinki. El mayor problema ha sido el planteado por las 2.000 sustancias que más inquietud despiertan. Hace un año el Parlamento aprobó que fueran sustituidas obligatoriamente, pero la presión de las empresas y los Gobiernos (con Alemania a la cabeza) ha aguado la resolución final. Las sustancias peligrosas seguirán así siendo legales aunque existan alternativas menos nocivas.