El Consejo y la Eurocámara alcanzan un acuerdo sobre la normativa de productos químicos
Bruselas asegura que la norma pone en equilibrio las pretensiones de empresas y ecologistas, pero éstos la califican de “rendición a la industria”
Los negociadores del Consejo de la UE y del Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo sobre el nuevo y controvertido reglamento para el registro, evaluación y autorización de sustancias químicas (REACH en inglés), informaron hoy las partes.
El acuerdo, fraguado anoche tras una larga jornada de negociación y pendiente aún de ser ratificado por el conjunto del Consejo -Estados miembros- y de la Eurocámara, puede poner fin a una compleja tramitación que se ha desarrollado durante tres años bajo la presión de la industria química y las organizaciones ecologistas.
En sus términos finales, el reglamento ya no obliga a los fabricantes a reemplazar las sustancias de toxicidad probada por alternativas más seguras en un plazo máximo de cinco años, como había reclamado el Parlamento en su primera lectura. El texto les permite obtener la autorización para mantener esas sustancias en el mercado si demuestran que están "controladas adecuadamente".
Sustitución, aunque gradual, de las sustancias peligrosas
Sólo en el caso de productos particularmente nocivos -cancerígenos, persistentes, bioacumulativos- los fabricantes estarán obligados a elaborar "planes de sustitución", si existen alternativas seguras, o "planes de investigación", si no las hay, aunque sin plazos predeterminados para concluirlos.
"Todas las sustancias peligrosas serán sometidas a un proceso que conducirá a su sustitución en un periodo de tiempo, aunque tal vez este periodo será largo", admitió el ponente y negociador principal de la Eurocámara, el socialista italiano Guido Sacconi.
"Se trata de un equilibrio entre los intereses de una industria que emplea a 1,3 millones de personas y a 27 empresas en la UE, y los intereses ecologistas", defendió la holandesa Ria Oomen-Ruijten, negociadora del grupo del Partido Popular Europeo.
Sin embargo, la plataforma de organizaciones ecologistas y de consumidores que ha seguido la tramitación -Amigos de la Tierra, Greenpeace y WWF, entre otras- interpretó el acuerdo como una rendición a la industria.
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