Amnistía denuncia diferencias en la atención a las mujeres maltratadas según las comunidades

Amnistía Internacional (AI) ha presentado hoy un informe en el que denuncia que las mujeres maltratadas "siguen recibiendo diferente atención según la comunidad en la que vivan", y que aún hay "colectivos de mujeres que siguen siendo discriminados en el acceso a la asistencia, la protección o la justicia". Este documento, titulado España: Más derechos, los mismos obstáculos, analiza la situación de los malos tratos un año después de la entrada en vigor de la Ley Integral contra la Violencia de Género. Durante este periodo, 32 mujeres han muerto a manos de sus parejas o ex parejas, las peores cifras desde 1999.

El informe identifica al menos 24 obstáculos con los que se encuentran las mujeres víctimas de violencia de género para defender sus derechos. Entre las deficiencias detectadas por Amnistía figuran la falta de medidas eficaces en la detección precoz de malos tratos en el ámbito sanitario, las dificultades de acceso a recursos de calidad por parte de las víctimas, la ausencia de formación obligatoria para los profesionales que tratan directamente con las víctimas y el escaso impacto de los juzgados especializados en la eliminación de los obstáculos con los que se encontraban las mujeres con anterioridad a la Ley.

Esteban Beltrán, director de la sección española de Amnistía, ha destacado en rueda de prensa que "las mujeres siguen recibiendo diferente atención según la comunidad en la que vivan, y aún hay colectivos de mujeres que siguen siendo discriminados en el acceso a la asistencia, la protección o la justicia". En este sentido, AI constata que las medidas y recursos de asistencia a las víctimas "continúan siendo insuficientes y desigualmente repartidos". Y pone como ejemplo que todavía no existe un centro de apoyo integral en todas las comunidades. Además, Beltrán ha mostrado su preocupación ante el riesgo de que, con la nueva ley y su desarrollo, la orden de protección se haya convertido en requisito exigido a las maltratadas para acceder a recursos básicos.

Expedientes de expulsión

Según los datos del informe, al año se registran más denuncias por violencia doméstica. En 2005, 73.109 mujeres denunciaron las agresiones sufridas a manos de sus parejas, de las que 47.616 obtuvieron "orden de protección". No obstante, en el 22,7% de los casos esta orden fue denegada, en ocasiones "sin fundamentar la razón". Y lo que es más grave, existe además una diferencia notable en el porcentaje de denegaciones entre unas comunidades y otras, desde el 11% de Navarra hasta el 32% de Asturias.

María Naredo, una de las investigadoras del informe, ha dicho que, aunque están aumentando, "sólo un 5% de las mujeres víctimas de violencia de género denuncia las agresiones". "Casi la totalidad de las denuncias se realizan frente al médico", ha detallado. Además, ha criticado la sobrecarga de trabajo y la deficitaria formación del personal de los Juzgados especializados. "Sigue habiendo provincias, como Álava, Valencia, Ciudad Real o Madrid que no cuentan con una unidad de valoración forense para valorar las lesiones en las víctimas", según la ONG.

En cuanto a la situación de las víctimas extranjeras sin papeles, AI advierte de que algunas medidas adoptadas por el Ejecutivo, como la instrucción 14/2005, "han agravado la situación de este colectivo frente a la violencia". Así, cuando las mujeres en situación irregular denuncian, se les abre expediente y corren el riesgo de acabar expulsadas del país si no logran obtener una orden de protección y una sentencia que condene a su agresor, según la organización.