El Congreso flexibiliza la ley del Menor para que se aplique entre los 18 y 21 años en casos leves

El pleno del Congreso de los Diputados ha dado luz verde hoy a la reforma de la Ley del Menor para su posterior trámite en el Senado, que incluye un endurecimiento de las medidas, hasta los 8 años de internamiento y 10 en caso de reincidencia, por delitos de violación, asesinato o terrorismo. No obstante, el texto que ha aprobado la cámara flexibiliza el proyecto original del Gobierno de tal manera que las medidas especiales que contempla la Ley para los menores podrán extenderse a la franja de edad entre los 18 y los 21 años en casos leves, siempre y cuando se trate de una falta, sin violencia o intimidación y que las circunstancias personales del imputado y su grado de madurez lo aconsejen.

El proyecto de Ley ha recibido el visto bueno de toda la cámara, salvo el PP, que lo ha rechazado al considerar que no se garantiza la financiación de las medidas, y el grupo de IU-ICV, formación contraria al endurecimiento de las penas. Eusko Alkartasuna se ha abstenido. IU-ICV, que ha votado hoy por vez primera en contra de un proyecto del Gobierno, cree que la reforma "vulnera" el interés del menor y que no está justificada, entre otras cosas, porque la evolución de menores detenidos ha pasado de los 27.117 en 2000 a los 22.700 del año pasado. Por ello, la diputada Carme Rodríguez acusó al Gobierno de "legislar en caliente, a golpe de titular, por alarma social, siguiendo la línea de los gobiernos del PP".

La reforma también ha sido criticada por otros grupos, como EA, ERC o PNV, por considerar "excesivas" algunas sanciones, como las medidas cautelares de internamiento (hasta 6 meses), ya que a su juicio alteran los principios de defensa, socialización y reinserción del menor con los que fue concebida inicialmente la Ley. Estos grupos también han pedido la eliminación del juzgado central de menores de la Audiencia Nacional.

Por su parte, el PP ha votado en contra y ha reclamado un mayor endurecimiento de las medidas para "reforzar el derecho de la víctima y dar una respuesta más efectiva contra la violencia y los delitos graves". La diputada Carmen Matador ha planteado la posibilidad de que la Ley se aplique a los mayores de 12 y menores de 14 "en supuestos especialmente graves o de multireincidencia. Asimismo, ha exigido al Gobierno "un compromiso de financiación".