Los alumnos de 9 y 14 años tendrán que realizar una prueba de diagnóstico a partir de 2008-09

Todos los centros docentes realizarán obligatoriamente evaluaciones de diagnóstico sobre las competencias básicas alcanzadas por los alumnos al terminar el segundo ciclo de Educación Primaria (cuarto curso, 9-10 años) y de Educación Secundaria Obligatoria ESO (segundo, 14-15 años) a partir del año académico 2008-2009, aunque las autonomías podrán adelantar la implantación de pruebas "piloto" de este tipo, según el proyecto de calendario de aplicación de la Ley Orgánica de Educación (LOE). El calendario ha recibido hoy el visto bueno de los consejeros autonómicos y será aprobado por el Gobierno el 23 de junio.

El Gobierno establecerá así para dentro de tres cursos la obligatoriedad y generalización de evaluar el sistema educativo mediante estas pruebas, pero no impide que las comunidades empiecen a realizarlas antes. Según establece la reforma educativa, estas pruebas, que tendrán carácter formativo y orientador para los centros e informativo para las familias y la comunidad educativa, corresponden a las administraciones educativas desarrollar y controlar y proporcionar los modelos y apoyos pertinentes. Por otro lado, la Conferencia Sectorial de Educación, presidida por la ministra Mercedes Cabrera, ha aprobado que la nueva materia de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos se imparta en Primaria desde el curso 2009-2010, cuando comiencen las enseñanzas de quinto y sexto curso, y podría enseñarse ya desde 2007-2008 ó 2008-2009 en ESO.

Según la LOE, esa materia será estudiada por todos los alumnos en uno de los cursos del tercer ciclo de Primaria (quinto y sexto) y en uno de los tres primeros cursos de ESO. La extensión de los programas de diversificación curricular (para alumnos de segundo de ESO que no puedan pasar a tercero y ya hayan repetido) es el único punto de la LOE que se anticipa al próximo curso, 2006-2007. Las enseñanzas de los distintos cursos se implantarán progresivamente: primero y segundo de Primaria y primero y tercero de ESO, en el curso 2007-2008; tercero y cuarto de Primaria y segundo y cuarto de ESO, en 2008-2009; y quinto y sexto de Primaria, en 2009-2010. Primero de Bachillerato esperará a 2008-2009; y segundo, a 2009-2010.

El acuerdo del PP

Las normas de promoción en ESO y exámenes de recuperación, que inicialmente se habían previsto ya para el próximo curso, se han aplazado al siguiente, 2007-2008, ya que las comunidades han aducido en general problemas de tiempo para poder fijar las normas que les competen en este punto, según una fuente ministerial. Antes del 31 de diciembre de 2006, quedarán fijadas por Reales Decretos las enseñanzas mínimas de todas las etapas educativas, así como la de Religión, con el conjunto de la ordenación académica. Cabrera ha señalado en rueda de prensa que el curso 2006-2007 es necesario para el "trabajo previo" de la aplicación efectiva de la ley y que la propuesta de calendario está basada en el diálogo y el debate con los consejeros.

El Consejo de Ministros aprobará previsiblemente el proyecto de calendario el 23 de junio, después de conocerse los informes del Consejo Escolar del Estado y del Consejo de Estado. Preguntada por el compromiso anunciado ayer por el PP de aplicar las mismas políticas educativas donde gobierna (Madrid, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares y La Rioja), la ministra ha opinado que esas autonomías han decidido aplicar la LOE y que lo considera muy positivo. Ha precisado que las competencias de las comunidades son muy claras y que lo que van a hacer las que gobierna el PP entra dentro de los márgenes que la ley permite y ello no vulnera "en absoluto" la autonomía de centros docentes.

En la reunión, Cabrera y los consejeros han aprobado también el reparto de 175 millones de euros en 2006 y han hablado de los más de 400 millones de euros previstos para 2008 para la gratuidad de la educación infantil entre tres y seis años, según criterios "dialogados y debatidos" con las automonías. Los elementos que se tienen en cuenta para la distribución, según la ministra, son el tamaño de la población infantil de esa edad, corregido por criterios de la Ley Orgánica de Financiación de las comunidades (LOFCA) que tienen que ver con la dispersión de la población y con otros que matizan ese reparto. Sobre este asunto también existía una "base de acuerdo", aunque autonomías como Madrid y Murcia han dicho que su asignación es insuficiente.