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La oposición tacha de "sectaria y caciquil" la adjudicación de la televisión digital en Madrid

El Gobierno de Esperanza Aguirre concede las licencias para emitir a nivel local, que deberán estar en funcionamiento en ocho meses

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Esperanza Aguirre (Partido Popular), ha decidido que sean 40 los canales de televisión digital que se puedan sintonizar en la región, y ha adjudicado 30 de ellos, dejando los diez restantes en manos de sendos Ayuntamientos. La oposición ha calificado las adjudicaciones como "sectaria y caciquil", pues interpreta que responde a los intereses partidistas de Aguirre.

La concesión tiene un plazo de diez años, y deberán emitir como máximo dentro de ocho meses. La región ha quedado dividida en diez zonas: Alcalá de Henares, Alcobendas, Aranjuez, Collado Villalba, Fuenlabrada, Madrid, Móstoles, Pozuelo de Alarcón, San Martín de Valdeiglesias y Soto del Real. Serán estos Ayuntamientos los que puedan además conceder un canal más cada uno. Las televisiones que operen en cada zona podrán verse también en los municipios limítrofes, excepto en el caso de la capital.

El Ejecutivo regional ha recibido 115 ofertas, según ha informado su vicepresidente, Ignacio González, que ha señalado que a la hora de realizar las concesiones ha primado la calidad y pluralidad de la oferta informativa, y la proyección de empleos que se crearán. Además, González ha anunciado que su Gobierno presionará a la Administración central para lograr un segundo canal de televisión autonómica, y convocará un concurso para adjudicar la licencia que en su momento se entregó a Quiero TV y que esta empresa (ya fuera de servicio) perdió por incumplimiento de contrato.

En la región de la capital, donde salían ocho canales a concurso, las licencias se han adjudicado al Arzobispado; a la empresa propietaria del diario El Mundo, Unidad Editorial SA; y a la página de Internet Libertad Digital, que controla el periodista Federico Jiménez Losantos, Alberto Recarte (un empresario afín a la FAES, que preside el ex presidente del Gobierno José María Aznar) y Julio Ariza (empresario vinculado a los sectores ultracatólicos del PP). Esta página ha obtenido licencias en el 40% de las demarcaciones, un nivel de penetración similar al de la cadena de radio Onda Cero. Localia, la cadena de televisión local del Grupo PRISA (editor de EL PAÍS) mantiene operaciones en todas las demarcaciones desde hace cinco años, cuenta con seis centros de producción (en Madrid, Alcalá de Henares, Alcobendas, Fuenlabrada, Getafe, Leganés y Villalba), ha generado 140 empleos directos y medio centenar de indirectos, y no ha recibido ni una licencia, según ha informado la Cadena Ser.

La oposición ha montado en cólera por estas adjudicaciones, realizadas según el Partido Socialista de Madrid con "agostismo, alevosía y semiclandestinidad para encubrir la falta de pluralidad, el sectarismo y el caciquismo" que conllevan. Así lo ha dicho el secretario de Comunicación socialista, Miguel Angel Sacaluga, que ha anunciado que su partido pedirá explicaciones al Gobierno regional en la Asamblea autonómica. "Éste es un intento más de imponer, muy en la línea de lo que le gusta a Esperanza Aguirre, a Aznar y a Acebes, el pensamiento único y demuestra el nerviosismo de la presidenta regional, que ve cómo los madrileños le están volviendo la espalda precisamente por hacer este tipo de políticas radicales", ha añadido Sacaluga. En su opinión, estas adjudicaciones "siguen los dictados de los sectores más radicales del PP" y responden a "criterios de amiguismo y afinidad política", lo que supone "un atentado al derecho de los madrileños y madrileñas a recibir una información plural".

Izquierda Unida, por su parte, ha calificado las adjudicaciones como "una vuelta de tuerca más" en la defensa por parte de Aguirre de sus intereses políticos, y "no tiene nada que ver con la pluralidad informativa ni con contenidos de interés para los ciudadanos". Según han comunicado fuentes de este partido a la agencia de noticias Europa Press, Aguirre "premia a los sectores más afines" a su Gobierno, algo que "tendrá que explicar" en el Parlamento regional.

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