El juez permite ahora que la niña que sufrió abusos de su profesor declare por videoconferencia
El magistrado de la Audiencia de Barcelona pretendía que la presunta víctime declarara en persona y sin protección
La Audiencia de Barcelona, que juzga el caso de los presuntos abusos sexuales que sufrieron cuatro niñas por parte de su profesor de artes marciales, ha variado su criterio inicial al permitir que la única menor que se negó a declarar en persona y sin protección lo haga a través de videoconferencia el próximo 7 de julio.
En un auto hecho público hoy, la sala ha acordado que la exploración de la testigo menor de edad "se practique mediante el sistema de videoconferencia desde la sala del juzgado de instrucción de Mataró que corresponda" y que esta parte del juicio oral se celebre a puerta cerrada.
El presidente de la sección segunda, Pedro Martín, ha tomado esta decisión tras valorar el último examen psicológico practicado a la menor, que presenta "una afectación significativa de su capacidad para comparecer en juicio oral y prestar declaración en calidad de testigo", según argumenta el informe médico forense.
El juicio contra Francisco C.S., que se enfrenta a penas de entre 19 y 23 años de cárcel por haber abusado supuestamente de cuatro alumnas menores de edad entre 2001 y 2003 en dos colegios barceloneses de Cabrils y Mataró, se suspendió el pasado 25 de mayo, a instancias del ministerio público.
Exploración psicológica
La fiscal solicitó que la única niña que se negó a declarar -la que presuntamente padeció los abusos más graves y reiterados, y una crisis nerviosa cuando supo que debía testificar frente su agresor- fuera sometida a una exploración psicológica antes de decidir si la sala volvía a citarla como testigo o acordaba sin más la continuación del juicio.
Por otra parte, el tribunal aún no ha decido si prorrogará por otros dos años la prisión provisional a Francisco C.S., tal como también ha solicitado el ministerio fiscal. El acusado está encarcelado preventivamente a causa de estos hechos desde julio de 2003, por lo que de no ordenarse judicialmente la renovación de la provisional podría salir en libertad antes de que se dictara sentencia.
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