El Gobierno británico anuncia cambios radicales en la regulación de la cadena pública BBC

El Gobierno británico ha anunciado hoy una "reforma radical" del sistema de regulación de la BBC, vigente desde 1927, dentro de la amplia revisión decretada tras la crisis que cuestionó la imparcialidad de la cadena en relación con la guerra de Irak. En concreto, la ministra de Cultura, Tessa Jowell, ha afirmado en una declaración ante la Cámara de los Comunes que se abolirá el Consejo de Gobernadores, la junta autorreguladora de la radiotelevisión pública británica que ha ejercido sus funciones durante 78 años.

Los gobernadores, nombrados por la reina Isabel II a petición del Gobierno, serán sustituidos por un nuevo consejo de administración y una junta ejecutiva independientes. "El actual modelo de gobernanza es insostenible", ha subrayado Jowell al presentar un libro verde para la renovación del estatuto a partir de 2007 de la British Broadcasting Corporation (BBC), uno de los medios de comunicación más reputados del mundo. Según la titular de Cultura, "los gobernadores de la BBC, con su doble función de gestionar y controlar la BBC, serán reemplazados por dos organismos que tendrán claramente un rol definido". Jowell ha precisado que un consejo de administración supervisará "los objetivos de la BBC, su canon (que garantiza su autonomía económica al no depender del presupuesto gubernamental) y el interés público".

Contra la "falta de claridad"

Por otro lado, un consejo ejecutivo "será responsable ante la junta administrativa del cumplimiento de los servicios" de la radiotelevisión británica. Tessa Jowell ha justiciado la medida al recalcar que las dos funciones de los gobernadores, consideradas incompatibles por sus detractores, conllevan una "falta de claridad y control". La responsable ministerial también ha confirmado la continuidad, durante al menos diez años, del canon o tasa que sirve para financiar la BBC con más de 3.000 millones de euros (unos 4.000 millones de dólares) anuales, pagados por todo hogar que disponga de un aparato de televisión en el Reino Unido.

Asimismo, el libro verde, que se aplicará una vez concluya el actual estatuto a finales de 2006, señala que la BBC ni debe "jugar a ser un imitador" de programas de la competencia ni "perseguir índices de audiencia por el bien de los índices de audiencia". Ante los diputados, la titular de Cultura ha destacado la relevancia de la independencia de la BBC en la vida de los británicos y ha llegado a equiparar su importancia a la del Sistema Nacional de Salud (NHS). El anuncio de Jowell responde al proceso de cambio iniciado tras el veredicto del juez Brian Hutton sobre la polémica noticia de la cadena que culpó al gobierno de Tony Blair de exagerar un informe armamentístico para justificar la invasión de Irak.

La muerte de David Kelly

La investigación de Hutton, centrada en la muerte del científico David Kelly, que se suicidó en julio de 2003 al divulgarse que era la fuente de la controvertida información, exoneró el pasado año al Gobierno y consideró infundada la noticia de la BBC. El Consejo de Gobernadores fue duramente criticado por el informe Hutton, que puso en duda la imparcialidad de la British Broadcasting Corporation. El dictamen del magistrado originó la dimisión del entonces presidente del Consejo de Gobernadores, Gavyn Davies, y del director general de la cadena, Greg Dyke, y abocó a la BBC a la peor crisis desde su creación en 1922.

El sucesor de Davies, Michael Grade, ha acatado hoy la propuesta elaborada por el Gobierno, si bien ha tildado de "lamentable" que no se haya aceptado su propio programa de reformas, que establecía separar las funciones del Consejo de Gobernadores pero sin su eliminación. En el marco de su reestructuración, la BBC anunció el pasado mes de diciembre un plan de supresión de 2.900 puestos de trabajo con el fin de reducir costes en los próximos tres años. Miles de empleados de la cadena -periodistas, técnicos y personal administrativo- se han manifestado hoy en sus respectivas oficinas contra el recorte laboral, convocados por el Sindicato Nacional de Periodistas (Bectu) y la central sindical Amicus.