La UE llega a un acuerdo "de mínimos" sobre las sanciones para los barcos que contaminan

Los ministros de Transporte de la UE han alcanzado hoy un acuerdo sobre el establecimiento de sanciones por contaminación marina procedente de barcos. La normativa da la posibilidad de que las penas sean de carácter penal pero no lo hace obligatorio, como planteaba la propuesta original de la vicepresidenta de la Comisión, Loyola de Palacio.

Palacio ha calificado la normativa "de mínimos" y ha asegurado que podría no se suficiente para prevenir nuevas catástrofes como la del Prestige. Por ello, la Comisión Europea incluye una declaración en la que lamenta que el texto acordado no alcance "el nivel de ambición de la propuesta formulada en lo que se refiere al efecto disuasorio y de lucha contra la contaminación marítima".

Se considerará 'infracción' cualquier descarga de sustancias contaminantes en alta mar si se comete intencionadamente, por imprudencia temeraria, o por negligencia. Pero en los casos de negligencia, quedarán exentos de responsabilidad el armador, el capitán y la tripulación a su cargo, tal y como establece la Convención Internacional de derecho del mar, MARPOL.

Magdalena Álvarez

La ministra española de Fomento, Magdalena Álvarez, ha resaltado la importancia de que el nivel de las sanciones pudiera llegar al ámbito penal, para castigar las "conductas insolidarias con el medioambiente y con los ciudadanos". Alvarez ha dicho que hubiera deseado "un texto más ambicioso que estableciera la responsabilidad por negligencia del armador y del capitán en la zona económica exclusiva -de 20 a 120 millas y sobre las cuales los países tienen cierta jurisdicción-".

El texto incluye una propuesta del Reino Unido que señala que serán las autoridades competentes las que pongan en marcha el eventual procedimiento judicial de acuerdo a la legislación nacional. De esta forma, sólo quedan establecidas de forma obligatoria para los 25 Estados de la UE las sanciones administrativas, que pueden ir desde la confiscación de productos a la prohibición del ejercicio de actividades comerciales, o impedir el acceso a ayudas o subvenciones públicas.

De Palacio ha resaltado que si el Consejo de ministros hubiera aceptado en su momento el calendario de retirada de los petroleros monocascos, probablemente "no hubiéramos tenido" la catástrofe del Prestige y ha agregado que si ahora hubieran acordado las propuestas originales se hubiera reforzado mucho más la lucha contra los vertidos.