Primer rechazo en el Tribunal Supremo a los recursos sobre la LOCE

El Tribunal Supremo ha rechazado la suspensión cautelarísima solicitada el lunes por la Junta de Castilla y León del decreto del Gobierno central que paraliza la aplicación de la LOCE. El Supremo entiende que no concurren ni graves defectos de forma ni una gran repercusión social, extremos en los que sería de aplicación una suspensión cautelarísima, para aplicar esta medida.

El lunes, siete comunidades autónomas gobernadas por el PP, presentaron un recurso contra el decreto del Gobierno que aplaza la aplicación de varias medidas de la Ley de Calidad previstas para el próximo curso. Galicia y Baleares pidieron además la suspensión cautelar del decreto, mientras que Castilla y León pidió además la suspensión cautelarísima, que el Supremo aplica en circunstancias muy especiales y sin la necesidad de escuchar a las partes. Por ello, el Supremo ha resuelto hoy mismo el asunto, denegando la suspensión porque no se dan dichas circunstancias.

El consejero de Educación de Castilla y León, Francisco Javier Alvarez Guisasola, ha detallado hoy, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el acuerdo de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo que dice que no ha lugar a esta medida cautelarísima.

Tras desestimar esta vía, el Supremo tendrá que analizar si ha lugar la suspensión cautelar del decreto del Gobierno, solicitada por Galicia y Baleares, para lo cual tiene un plazo de 15 días a partir de la presentación del recurso, en este caso el lunes. En este caso, para tomar su decisión, el Supremo sí tendrá que escuchar lo que alegue el Abogado del Estado.

En el caso de que esta vía tampoco prospere, quedaría el recurso ordinario, que a diferencia de las anteriores que analizan especialmente la forma, entraría en el fondo del decreto del Ejecutivo central que la Junta de Castilla y León y otras seis comunidades gobernadas del PP recurrieron el lunes.

En esta vía, Castilla y León arguye, según ha explicado Guisasola, que no se consultó a las autonomías antes de paralizar la LOCE, no estaba justificada la urgencia de la misma, y además se ha dado "una desviación de poder" en favor del Gobierno y contra las comunidades autonómicas, en cuanto a competencias. Será una vez que "entre en el fondo" cuando el supremo "dictará la sentencia final dando la razón a unos o a otros", ha dicho el consejero de Educación de Castilla y León.