La policía vigilará desde hoy a los agresores con orden de alejamiento
Los agentes podrán proteger a la víctima desde el momento en que ésta presente una denuncia por malos tratos
La comisión de seguimiento de la orden de protección aprobó ayer un protocolo de actuación para las fuerzas y cuerpos de seguridad en materia de violencia doméstica. El texto obliga a la protección policial individualizada a cada víctima de malos tratos y establece que cuando se dicten órdenes de alejamiento la distancia de separación no debe ser inferior a 500 metros.
Asimismo, las fuerzas y cuerpos de seguridad podrán implantar medidas de protección desde el momento en que la mujer presenta denuncia, sin esperar a que el juez se pronuncie al respecto. La presidenta de la comisión de la orden de protección, la vocal del Consejo General del Poder (CGPJ) Judicial Montserrat Comas, presentó ayer en rueda de prensa las nuevas medidas, que comenzarán a aplicarse desde hoy viernes. Las novedades comienzan desde el primer momento en que se produzca una agresión. El atestado que refleje el maltrato deberá ser más detallado. Para confeccionar este documento, la Policía Nacional, Guardia Civil, Policías autonómicas y locales deberán recabar información de vecinos y personas del entorno de la víctima para valorar la situación de riesgo y verificar si anteriormente ha habido malos tratos o incluso medidas de protección. Además, se facilitará a la víctima un teléfono móvil que permitirá a la mujer tener un contacto directo con comisaría.
En el atestado, que deberá ser el mismo independientemente de que autoridad policial lo rellene, deberá incluir los antecedentes del agresor, evaluación del riesgo y, si es posible, incluirán una fotografía. Los cambios de residencia, reanudación de la convivencia o renuncia de la víctima a la protección se pondrán en conocimiento del juez, que dictará las medidas oportunas.
500 metros entre el agresor y la víctima
El protocolo también reconoce la relevancia que tiene la medida de alejamiento para la eficacia de la protección y, por ello, establece que la distancia entre víctima y agresor no debe ser inferior a 500 metros. En caso de incumplimiento de esta medida se procederá a la detención del infractor. Para facilitar el examen individualizado de la situación de riesgo para la víctima, el juez remitirá a la Policía informes del psicólogo y del médico forense que, según Comas, pueden ser "determinantes para la evaluación de la situación de riesgo en la que se encuentra la víctima".
También pondrá en conocimiento de la Policía la existencia de otros procesos contra el agresor e informará a Policía Judicial, fiscal y a la Oficina de Atención a la Víctima de las incidencias que puedan afectar a la seguridad de la víctima y de la efectiva notificación al inculpado de la resolución acordada. Por su parte, los Cuerpos de Seguridad remitirán sin dilación al juez la denuncia o solicitud de orden de protección junto con el preceptivo atestado policial.
Críticas de los sindicatos de policía
Los sindicatos policiales han advertido de que con los medios actuales es imposible prestar protección individualizada a las víctimas de violencia doméstica y han criticado que se les atribuya a los agentes competencias propias de los jueces, como la evaluación del nivel de riesgo de cada afectada.
En cambio, la mayoría de las asociaciones judiciales han valorado de forma positiva las nuevas medidas para luchar contra la violencia machista. El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Vicente Magro, ha considerado que estas medidas servirán para que la víctima se sienta más segura frente a su agresor, y ello le anime a denunciar. Según el Instituto de la Mujer existen 600.000 víctimas de violencia doméstica, de las que tan sólo 75.000 han presentado denuncias. La portavoz de la asociación Jueces para la Democracia, María Teresa Conde Pumpido, ha calificado de "muy oportuna" la atribución a la policía de competencias en la evaluación del grado de riesgo de las víctimas y en la adopción de medidas de protección. En el mismo sentido se ha expresado el portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, Manuel Torres Vela, quien ha considerado que todas aquellas medidas que se adopten para ofrecer una mayor protección a las víctimas son positivas.
