SOS Racismo alerta del riesgo de aumento de la "islamofobia" tras la matanza en Madrid

SOS Racismo ha denunciado hoy la "alarmante" vulneración de los derechos y libertades en España durante 2003 y ha reclamado al nuevo Gobierno que reforme la Ley de Extranjería y otras normas "discriminatorias" que, a su juicio, han propiciado que la cifra de extranjeros en situación irregular llegue al millón de personas. Tras los atentados del 11-M, esta organización considera urgente que se luche contra el riesgo de aumento de la "islamofobia", no se relacione inmigración con terrorismo y se sustituya la expresión "terrorismo islámico" por la de "terrorismo fundamentalista".

En su informe anual, presentado hoy en conferencia de prensa, esta ONG asegura que hasta el año pasado nunca se había observado "una manifestación tan grave del racismo en todas sus dimensiones", pues mientras que antes se registraba una aplicación discriminatoria de las leyes, en el 2003 "se aprobaron directamente normas discriminatorias y aumentó un discurso político discriminatorio".

La coordinadora del informe, Isabel Martínez Luna, ha destacado que normas como la Ley de Extranjería o la reforma del Código Penal "han forzado" a los inmigrantes a entrar de forma irregular en el país y a ponerse en manos de las mafias sin ofrecer luego vías de regularización, lo que ha generado "un colectivo de mano de obra barata, dócil y desprovista de derechos". Que haya un millón de personas en esa situación es para esta organización "una vergüenza" que no se resolverá con un reglamento de la actual Ley de Extranjería, sino con una reforma de la norma que restablezca derechos fundamentales e impida, por ejemplo, el acceso de la policía al padrón municipal y que las compañías de transporte actúen como "policía de aduanas".

Aumento de la impunidad de las conductas racistas

SOS Racismo reclama que se regularice a toda persona que demuestre que está trabajando sin que tengan que volver a su país para obtener el visado y que se suspendan las órdenes de expulsión no ejecutadas. Para esta ONG, las elecciones autonómicas y locales estuvieron marcadas por el uso electoralista de la inmigración, que se vinculó en el discurso político a la delincuencia y que se tradujo en "un aumento de la impunidad de las conductas racistas".

Según SOS Racismo, el marco de "impunidad" creado durante el año pasado se traduce también en discriminaciones y agresiones por parte de cuerpos de seguridad privados y del Estado y un ejemplo especialmente grave vuelve a ser la localidad almeriense de El Ejido, donde constata la "institucionalización de la xenofobia".

Entre los problemas analizados en el informe vuelve a aparecer la situación del pueblo gitano, que sufre lo que se denomina "racismo por omisión", y que necesita una política integral que acabe con su discriminación en cuestiones como la vivienda.

El informe dedica un apartado a denunciar la mayor organización de los grupos neonazis y de extrema derecha, contra los que se reclaman medidas urgentes y, de manera específica, su combate en el mundo del fútbol.