Del escándalo sexual al arresto por atropello
El obispo de Phoenix, detenido por atropellar a una persona y darse a la fuga, evitó el mes pasado ser acusado ocultar pruebas de delitos sexuales en su diócesis
Thomas O'Brien creyó que sus problemas con la Justicia habían acabado el mes pasado. El obispo de Phoenix (Arizona) había llegado a un acuerdo con la fiscalía para no ser acusado de ocultar pruebas de delitos sexuales de curas de su diócesis. Pero esta mañana la policía ha vuelto a llamar a su puerta. O'Brien, de 67 años, está acusado de huir tras atropellar a una persona el sábado pasado.
Un hombre de 43 años murió después de que un coche le atropellara y otro le golpeara cuando cruzaba una calle por un lugar sin pasos de peatones. Ambos conductores se dieron a la fuga, pero varios testigos vieron un número de la matrícula del primer coche. Cuando la policía encontró el vehículo de O'Brien, una rotura en el parabrisas parecía indicar que era el autor del atropello.
El obispo reconoció que había conducido la noche del accidente por esa zona. Después de varias horas de interrogatorio iba a ingresar en prisión, pero se encontró mal, al parecer por una subida de tensión, y tuvo que ingresar en el hospital, según la sargento Laurie Williams, de la Policía de Phoenix.
Obstrucción a la justicia
De esta manera vuelve a comenzar para O'Brien un calvario judicial del que creía haberse librado. Los escándalos sexuales que azotan a la Iglesia católica estadounidense le habían tocado muy de cerca, pero había conseguido evitarlos. El mes pasado, el obispo llegó a un acuerdo con la fiscalía, lo que evitó que fuese acusado de obstrucción a la Justicia en relación con las acusaciones de abuso sexual que pesan contra sacerdotes católicos de Arizona.
El O'Brien reconoció entonces que ocultó durante años la información que tenía sobre esos abusos y que se limitó a trasladar a otros destinos a los sacerdotes afectados, que pudieron seguir trabajando con menores.
En virtud del acuerdo extrajudicial, O'Brien eludió una pena de dos años y medio de cárcel al reconocer su culpa y aceptar una reorganización de la diócesis para limitar su capacidad de control de las actividades de sus sacerdotes.
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