Las mujeres españolas cobran casi un 30% menos que los hombres
La desigualdad es el doble que en el conjunto de la Unión Europea
Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las mujeres españolas ganan entre un 27 y un 28% menos que los hombres que realizan la misma actividad, mientras que en la Unión Europea este porcentaje se reduce al 15%. El estudio afirma que un tercio de esa diferencia salarial se debe a discriminación por razón de género.
En pleno siglo XXI, el informe constata que la igualdad laboral entre hombres y mujeres está aún bastante lejos de ser realidad. De hecho, la OIT subraya que las mujeres constituyen "claramente" el grupo más numeroso que es objeto de discriminaciones, e incluso a veces, por partida doble. Cada vez se incorporan más mujeres al mercado laboral, pero lo suelen hacer en peores condiciones salariales y de seguridad. Una situación que se produce en la mayoría de países.
En el caso de España, en los últimos siete años la media anual de crecimiento de empleo femenino ha sido del 6,2%, casi el doble que el masculino.
En muchos países, la mujer sigue teniendo que soportar las ofertas laborales más precarias, lo que les lleva en la mayoría de los casos a la economía sumergida.
El informe expone además que la discriminación genera una red de pobreza, trabajo infantil, trabajo forzoso y exclusión social, por lo que Hunt recalcó que su eliminación es "indispensable" para adoptar cualquier estrategia encaminada a reducir la pobreza.
Leyes insuficientes
En su estudio, la OIT advierte de que hasta la fecha la prohibición legislativa de la discriminación (ya establecida en todos los países de la UE) "no es suficiente" para combatir esta práctica, siendo necesario que las instituciones garanticen la efectiva observancia de las leyes.
Además, consideran indispensable la adopción de medidas positivas, una educación "sin prejuicios", formación profesional y servicios de empleo, así como la fijación de indicadores que permitan supervisar los progresos. Este último punto es uno de los principales problemas que tiene la OIT para calibrar la práctica de la discriminación, sobre todo en los países en vías de desarrollo, donde muchas personas no están escolarizadas ni tienen documentos que acrediten su identidad.
