La obligación de colocar crucifijos en los lugares públicos desata la polémica en Italia

Un proyecto de ley de la Liga Norte y una resolución del Ministerio de Educación, que obligarán a colocar crucifijos en todas las escuelas y lugares públicos, ha desatado en Italia una auténtica guerra del crucifijo entre partidarios y detractores de la omnipresencia del catolicismo en el país.

Después de que el papa Juan Pablo II subrayara el domingo, durante el rezo del Angelus, la importancia de exaltar la cruz como "signo de paz y esperanza", las iniciativas se han multiplicado desde las filas de la centroderecha que gobierna el país. Casi de forma simultánea, la ministra de Educación, Letizia Moratti, ha anunciado que llevará de nuevo el crucifijo a las aulas, y la Liga Norte, aliada del primer ministro Berlusconi, ha hecho extensiva la propuesta a todos los lugares públicos, incluidos aeropuertos, estaciones y cárceles.

"El crucifijo representa un símbolo de la civilización cristiana, de sus raíces históricas y de su valor universal, que son elementos esenciales del patrimonio de nuestro país", ha afirmado Moratti para justificar su decisión. Los sectores laicos y las otras grandes confesiones religiosas -judíos y musulmanes- ya han puesto el grito en el cielo.

Cárcel y sanciones

En todo caso, el proyecto, que hoy se ha comenzado a tramitar el Parlamento, pretende consagrar la presencia de los crucifijos en todos los lugares públicos, desde los tribunales de Justicia a los hospitales, las embajadas italianas en el extranjero o las sedes electorales. La ley que promueve la Liga Norte, suscrita por cerca de 70 parlamentarios, algunos de ellos democristianos de la oposición, prevé sanciones de hasta seis meses de arresto y multas de entre 500 y 1.000 euros para quien la contravenga.

En su habitual línea rayana con la xenofobia, el partido ex secesionista que lidera el ministro Umberto Bossi justifica su iniciativa como una respuesta a la "insolencia" mostrada por los musulmanes. El primer firmante del texto, Federico Bricolo, vincula su propuesta al reciente llamamiento del Papa, después de que el propio Bossi se pasara los últimos días fustigando a la Iglesia por ayudar a los inmigrantes.

Sus promotores apelan a una resolución del Consejo de Estado de 1988 y a una sentencia del Supremo de 2000 que consideran que la presencia de estos símbolos en lugares públicos no vulnera la libertad de las personas. Sin embargo, la Unión de musulmanes ha hecho pública su intención de recurrir a la Justicia, incluido el Tribunal de Estrasburgo. La Unión de comunidades judías ha mostrado su "perplejidad y preocupación" al tiempo que Los Verdes consideran la iniciativa una ofensa al carácter laico del Estado.