La Junta de Andalucía presentará una demanda contra las tabacaleras en septiembre

El consejero ha insistido en que la estrategia de la Junta no es buscar una gran cantidad de indemnización, sino una prueba jurídica que demuestre el daño que realizan las empresas tabaqueras a la sanidad pública y en concreto su incidencia en el gasto sanitario.

La demanda pretende demostrar el daño que realizan las empresas tabaqueras a la sanidad pública, "dándole prioridad absoluta a la solidez de la prueba", demostrando la relación causa-efecto entre el tabaco y tres enfermedades concretas (cáncer de pulmón, infarto de miocardio y EPOC).

El consejero de Salud ha querido dejar claro que no se ha fijado aún una cantidad de reclamación jurídica, si bien ha destacado que se basará en el gasto sanitario derivado de la atención a "pacientes con nombres y apellidos y gastos concretos".

Según ha explicado Vallejo, la demanda se interpondrá contra las empresas Altadis-Tabacalera, Phillip Morris, Browns Williams, JT Internacional y CITA, que comercializaron el pasado año el 95% del tabaco consumido en la comunidad andaluza, y se presentará en Madrid, donde tienen su domicilio social la mayoría de empresas demandadas.

Historiales de 300 pacientes

En la reclamación de responsabilidad civil, la Junta utilizará como argumentación para demostrar la relación causal del tabaco en la aparición de determinadas enfermedades, los datos clínicos de 300 pacientes -diagnosticados de infarto de miocardio, cáncer de pulmón y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica-, que son atendidos actualmente en los hospitales Virgen del Rocío y Virgen Macarena de Sevilla.

En este sentido, Vallejo ha reconocido que "de poco valdría" presentar una demanda para exigir una indemnización de 60.000 millones de pesetas, que es el coste que para la sanidad pública andaluza supone el tratamiento de las enfermedades relacionadas con el tabaquismo, ya que "un juez nos podría decir que no hay elementos probatorios suficientes sobre la causa-efecto".

Por ello, "en vez de ir a por una gran demanda, la estrategia que nos hemos planteado es fortalecer la prueba, ya que lo importante es ganar el pleito aunque sea sobre una sola persona, pues de esta manera se abriría una vía que no tiene marcha atrás", ha explicado el consejero.

Vallejo ha recordado los "buenos augurios" de las demandas contra las tabaqueras en Estados Unidos, si bien ha subrayado que la acción judicial de la Junta es la primera de estas características que una administración pública presenta en Europa. Pese a la falta de antecedentes, Vallejo ha reiterado su convencimiento de que la Junta ganará el pleito, al que se unirán otras administraciones para reclamar el daño derivado del tabaco y permitirá incluso a los propios afectados demandar a las tabaqueras de forma individual.

La argumentación jurídica de la demanda se apoya en una base científica para demostrar la relación causa-efecto del tabaco en la aparición de las enfermedades citadas; la demostración analítica realizada por Salud en la que se ha evaluado la composición de los cigarrillos para determinar si se ajusta a los ingredientes declarados y constatar la presencia de otros elementos adictivos más poderosos; y el estudio epidemiológico -desarrollado por la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) y basado en cálculos económicos sobre la cuantía que supone al sistema sanitario público la atención a las enfermedades citadas-.

Sobre los análisis de los componentes de cigarrillos, el consejero ha eludido pronunciarse "para no reforzar la defensa de las empresas demandadas, adelantando los resultados de dichos análisis".

Vallejo ha recordado que el tabaco causa en Andalucía un total de 10.000 muertes al año y supone el 8,5% de la actividad de los centros hospitalarios de la comunidad autónoma.

En este sentido, el consejero de Salud ha asegurado que estos datos ponen de manifiesto que "existen razones jurídicas suficientes para interponer la demanda por justicia, responsabilidad pública y lucha social".

El consejero ha insistido en que la demanda se interpone por justicia, "por cuanto está demostrado que el tabaco crea adicción, provoca enfermedades, mata y conlleva daño para la sanidad pública y lucro económico para las empresas que comercializan este producto".

Además, según ha explicado el responsable de Salud, la acción judicial responde a la obligación de responsabilidad pública en la lucha por la defensa de la salud de los ciudadanos.

Si los tribunales dan la razón a la Junta, esta tiene previsto destinar la indemnización que obtenga a políticas sanitarias de lucha contra el tabaquismo.