El Gobierno destinará 13.000 millones a la lucha contra la violencia doméstica

En este II Plan 2001-2004, que ha sido presentado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros por el ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, participan todos los ministerios afectados e implicados en el tema (Educación, Interior, Justicia, Sanidad y Trabajo y Asuntos Sociales) y aumenta el presupuesto en relación con el primero en un 63%, hasta los 13.072 millones de pesetas.

Además de medidas de asistencia a las víctimas, educación y prevención, el plan recoge novedades en términos de cambios legislativos, y que han sido incorporadas tras oír las propuestas presentadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y por los abogados y procuradores.

En este sentido ha destacado propuestas como la inhabilitación para ejercer la patria potestad a los maltratadores, la concentración de la instrucción de las causas en un mismo juzgado, el desarrollo de programas para una detección precoz de casos de malos tratos o que los juzgados de guardia adopten medidas inmediatas de protección a las víctimas. También ha explicado que se elaborará una guía práctica que recoja la jurisprudencia sobre estos casos.

Aparicio ha aprovechado para realizar un balance positivo del I Plan contra la Violencia Doméstica aprobado por el Gobierno, gracias al cual se han creado 103 centros de información, 66 centros de acogida para mujeres maltratadas o 51 oficinas de asistencia en los juzgados, entre otros servicios.

El ministro ha destacado que la lucha para la erradicación de la violencia doméstica es una de las prioridades del Gobierno y ha asegurado que el I Plan ha servido, entre otras cosas, para sensibilizar a la sociedad frente a un problema, cuya resolución el Ejecutivo está "decidido a liderar".

Principales medidas legislativas y procedimentales

- Se elaborará una guía práctica de legislación y jurisprudencia sobre violencia familiar, dirigida a los profesionales de la Justicia, para potenciar la eficacia de los órganos jurisdiccionales en esta materia.

- Se propondrá la modificación del Código Penal para, entre otros casos, incorporar como pena la inhabilitación especial para ejercer la patria potestad y establecer, como pena conjunta del delito y de la falta, la privación del derecho a la tenencia y porte de armas.

- Se regulará en la Ley de Enjuiciamiento Criminal la adopción, por los Juzgados de Guardia, de medidas provisionalísimas en casos de separación o divorcio, con el fin de hacer efectiva la separación de hecho del agresor.

- Se propondrá al Consejo General del Poder Judicial la instrucción de las causas de violencia doméstica en un solo Juzgado de Instrucción y facilitar la adecuada coordinación de estos procedimientos entre los Juzgados civiles y penales.

- Se extenderá a todos los colegios de abogados el Servicio de Orientación Jurídica 24 horas, de carácter gratuito, actualmente en funcionamiento en 10 provincias españolas, y se garantizará la existencia del Turno de Oficio Especializado, con formación específica de los profesionales.

Principales medidas asistenciales y de intervención social

- Se establecen "Puntos de Encuentro" para las visitas de padres y madres a menores en los casos de separación y divorcio con antecedentes de violencia doméstica, atendidos con personal cualificado que emita informes a los tribunales competentes.

- Se potenciarán las comunicaciones electrónicas de la Policía y de la Guardia Civil para la recepción inmediata de información y de interposición de denuncias sobre violencia doméstica, y se extenderán las unidades especiales de los Servicios de Atención a la Mujer (SAM) a todas las comisarías provinciales y de los Equipos de Atención a Mujeres y Menores de la Guardia Civil (EMUMES) a nivel comarcal.

- Se pondrán en marcha programas de capacitación profesional para las mujeres víctimas de violencia, dirigidos a facilitar su inserción laboral, y se apoyarán los servicios de atención y programas integrales de las ONG dirigidos a dotar a las víctimas de autonomía personal.

- Se impulsará que las mujeres y menores que hayan tenido que abandonar su hogar tengan prioridad en los sistemas de protección social.