«Dos años después, me siguen acosando»: quién vela por un internet más seguro para las mujeres

Hace dos años que recibí el primer tuit de acoso. La cuenta de El País compartió un artículo mío publicado en S Moda sobre personas que habían cambiado hábitos de su estilo de vida para proteger el planeta. Un usuario creó un hilo exponiendo imágenes e información mía personal buscando desacreditarme profesionalmente y atacando también a mi físico. Más de trescientos retuits y otros tantos comentarios tenía el hilo de aquel usuario contra mí la última vez que lo miré. Después de aquello hice privados mis perfiles en redes y mi relación con Twitter no ha vuelto a ser la misma. Aún hoy, cuando entro a consultarlo por motivos de trabajo, me da una punzada en el pecho si asoma una notificación. Hace poco volvió a pasar. Otro usuario distinto se jactaba en el mismo post del candado que, desde entonces, aparece junto a mi perfil en la red social. Un candado que representa el efecto silenciador que estos ataques tienen sobre las mujeres que. Y que es consecuencia de nuevas formas de violencias machistas que surgen en la era digital. Mi caso, lamentablemente, no es el único. Muchas compañeras han sufrido ataques misóginos en redes sociales.

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (FEMM) del Parlamento Europeo señala en un estudio sobre ciberviolencia y discursos de odio online contra las mujeres que entre el 63 y el 83% de las que han padecido ciberacoso han modificado el uso de sus redes sociales. Un mecanismo de ciberviolencia machista que, según el mismo estudio, han padecido una de cada 10 mujeres en Europa desde los 15 años y que, en mujeres de entre 18 y 29 años, asciende hasta el 20%; cebándose especialmente con aquellas que tienen presencia pública en la política, en los medios de comunicación o como activistas.

Muchos de estos ataques no solo tienen un componente de agresión sobre la individualidad, tienen que ver con el momento cultural y la ola de respuestas reaccionarias al feminismo: “Hay quien quiere mantener el status quo con campañas políticas y fabricación de conceptos ideológicos, y hay quien sabotea la presencia de las mujeres en las redes y en el espacio público en general”, explica a S Moda Laia Serra, abogada penalista experta en delitos de odio y activista por los Derechos Humanos. “Se trata en algunos de estos casos de ataques misóginos organizados contra mujeres que creen en la igualdad. Una incidencia de primer orden que, además del impacto individual que tiene, impacta también en el ejercicio de la ciudadanía, de la democracia y de la paridad. Esto es importante, no son ingenuas”.

Irantzu Varela, Isa Calderón, Anna Pacheco, Penny Jay, Cristina Fallarás, Etsy Quesada… La lista de mujeres con presencia pública que han defendido abiertamente el feminismo, los derechos del colectivo LGTBIQ+, el antirracismo o los derechos de los migrantes y que se han enfrentado por ello a estos ataques masivos es larga y, por desgracia, se actualiza constantemente. Recientemente, la cómica Elsa Ruiz hacía público su abandono temporal de su trabajo en el programa Sobreviviré (Mitele Plus) y de las redes sociales para ingresar en el área psiquiátrica de un hospital con el siguiente mensaje: “No me considero referente de nada, pero quería visibilizar estas cosas: el acoso en redes y el odio en redes, es odio, es acoso. Porque pase en Twitter e Instagram no deja de ser acoso y no deja de ser importante. Y a ver si las políticas de las redes sociales cambian y persiguen más el odio en vez de preocuparse tanto de si hay desnudos o no hay desnudos en su aplicación”.

Cuando nuestros derechos se vulneran y el Estado y las plataformas no ofrecen mecanismos de protección suficientes, no queda otra que dar un paso atrás y optar por cuidarse. Y eso en el mejor de lo casos: en mayo de 2019, Verónica, trabajadora de IVECO, se suicidó después de que su acosador compartiera a través de WhatsApp un vídeo sexual suyo que se difundió entre sus compañeros de trabajo.

“Mi troll pensaba que su mensaje no era para tanto”

El llamamiento de Elsa Ruiz apunta al centro del problema: ¿por qué en 2021 seguimos sin identificar que lo que pasa en internet es tan real como lo que ocurre fuera y tiene consecuencias? En conversación por Zoom, Kathryn Travers, especialista en políticas para poner fin a la violencia contra las mujeres en la ONU Mujeres, señala los resultados de uno de los últimos informes del organismo al respecto: “La violencia digital contra las mujeres está asociada con impactos psicológicos y sociales. Hay estudios que señalan que quienes las han padecido han experimentado como consecuencia altos niveles de ansiedad, estrés, depresión o falta de autoestima”. El mismo informe apunta también al incremento de estas violencias digitales en el contexto del Covid-19 y al salto que en ocasiones se produce entre la violencia online y la digital. Un ejemplo al respecto lo deja el caso de la periodista feminista Irantzu Varela, que tras recibir hostigamiento en Twitter, lo padeció también en la calle; con pintadas en su local de trabajo y con su integridad bajo amenza.

La abogada Laia Serra explica que “estamos en un momento de cambio social frente a las violencias machistas digitales”. Igual que con el tiempo hemos aprendido a reconocer las formas de violencia de género psicológicas, ahora estamos en un proceso de toma de conciencia colectiva frente a cómo son y cómo se manifiestas estas violencias digitales.

En busca de pistas sobre lo que está pasando y también como respuesta propia a las amenazas e insultos machistas constantes que recibía en sus redes, la periodista Marianna Spring, reportera especializada en desinformación y redes sociales de la BBC, decidió hacer un análisis exhaustivo durante varias semanas sobre los trolls que la atacaban a ella y a otras mujeres para una serie documental emitida en el programa Panorama. Llegó incluso a conocer a uno de ellos. “Mi primera sorpresa fue ver que la mayoría de ellos son gente real, no bots, que viven en Reino Unido, que apoyan a equipos de fútbol, que tienen trabajos y familia”, cuenta a este medio. “Mi principal percepción al respecto fue lo desinhibida que la gente se vuelve en las redes”.

Desde insultos como “vaca tonta” o amenazas de violación, Spring recalca la incuestionable naturaleza misógina de todos los comentarios que recibe. El usuario que finalmente accedió a hablar con ella tras insultarla, dice, no es de los que le dejó comentarios más graves; precisamente por eso se atrevió a hablar con él. “Me dijo que no pensaba que el comentario fuera tan malo”, explica. Pero una de las peculiaridades que presentan estas violencias y que tan difícil hacen mensurable la responsabilidad y consecuencias en términos legales es su efecto acumulativo, subraya la abogada Laia Serra. “A veces es un último tuit o retuit lo que rebasa el vaso de la persona acosada”. Comentarios cuya responsabilidad debería medirse en contexto y con perspectiva, no de forma aislada.

La responsabilidad de las plataformas

En su investigación, Spring contactó con Twitter, Instagram y Facebook. “Sus respuestas insistían en que están comprometidos con combatir el abuso online contra las mujeres”, pero a efectos prácticos, esto no se materializa. De hecho, el algoritmo fomenta y saca rédito de la difusión de estos contenidos. “Hice otro experimento creado una cuenta falsa de troll basándome en los perfiles que me habían acosado”, cuenta la periodista. “Esta cuenta no dejaba comentarios de odio, simplemente seguía las cuentas y recomendaciones que a partir de esos perfiles, Facebook me hacía. Al cabo de unas semanas, mi troll falso, Barry, recibía cada vez más y más sugerencias de contenido misógino, entre ello, páginas que hacen chistes sobre violar a mujeres. No solo no estaban frenando el consumo sino que lo estaban promoviendo para sacar beneficio con la publicidad insertada en esos vídeos”. Una percepción que después corroboró entrevistando a Frances Haughen, ex trabajadora de Facebook –ahora Meta–. Con algoritmos perfeccionados para targetearnos y obtener todo tipo de datos de los usuarios usado con fines políticos y comerciales, resultaría inocente pensar que estas plataformas están haciendo todo lo posible por proteger nuestros derechos. En un estudio de 2018 realizado por Amnistía Internacional en Reino Unido, #ToxicTwitter, el 78% de las mujeres entrevistadas aseguraron que no piensan que Twitter sea un lugar seguro en el que expresar su opinión sin recibir violencia o acoso por ello.

“El Convenio de Estambul lo deja claro”, dice Laia Serra. “En cualquier fenómeno transnacional es fundamental que nos aliamos todos (organismos públicos, sociedad civil y grandes tecnológicas); por ejemplo, aunando los criterios de moderación de contenidos de estas plataformas. Hoy en día hemos asumido que cualquier empresa debe tener responsabilidad social, pero nadie se está planteando la responsabilidad corporativa de estas empresas tecnológicas: ¿qué está haciendo Facebook para proteger los derechos de las mujeres?”.

Pocos datos y poca legislación

“En países como Canadá e Islandia ya se ha creado legislación específica al respecto de estas violencias”, explica Kathryn Travers de ONU Mujeres. La dificultad que plantea este fenómeno del ciberacoso machista digital, recuerda, es “la necesidad de que se combatan a diferentes niveles: desde la visibilización a lo legal, pasando también por las propias plataformas”.

Thais Ruiz de Alda, experta en big data y directora de DigitalFems, organización que trabaja para que haya más mujeres en entornos tecnológicos, explica que la escasez de datos que midan en qué cantidad y de qué forma se están dando estas violencias también dificulta que se pueda crear una legislación específica al respecto.

“Las herramientas legales de protección frente a las violencias machistas están todas diseñadas desde un punto de vista analógico”, explica la abogada penalista Laia Serra. Pone un ejemplo: ¿cómo se traduce a términos digitales la prohibición de acercamiento a las víctimas? ¿puede una solicitud de amistad en redes considerarse como tal? “Estamos abriendo el capítulo de jurisprudencia digital. A nivel de herramientas nos encontramos que hay dos grandes dificultades. Una es que obvia las transnacionalidad de estos delitos y la otra es que debemos valernos de mecanismos para identificar quién hay detrás de esos perfiles”. Los defectos de traducción, la falta de capacitación en estas cuestiones de los juzgados, los límites de lo que es o no libertad de expresión o los sistemas bajo los que están montadas las comisiones rogatorias o el periodo de conservación de datos son parte de esas piedras en el camino que dificultan la batalla legal, apunta Serra. “El embudo es bestia. Todo se suma y acaba generando que el avance de estas denuncias sea complicado, por eso la respuesta tiene que pasar en primer lugar por la propia cultura y una ciudadanía responsable con la actuación en redes sociales”.

La propia Serra ha participado en la ampliación de la ley catalana contra la violencia machista, que recoge estas formas de violencia digitales y que, en su opinión, plantea un ejemplo interesante: “Vemos que si las instituciones escuchan a personas expertas en materia y a la sociedad civil, a través de asociaciones que están trabajando en estas cuestiones, esto se empieza a visibilizar y se empiezan a destinar recursos a combatirlo”.

Mujeres organizadas

A un ataque que llega de manera colectiva, también se responde en comunidad. Son muchas las plataformas, asociaciones y colectivos feministas y activistas que están trabajando por crear conciencia y recursos para las mujeres que padecen estas violencias. La propia Thais Ruiz de Alda fusiona el trabajo que hace desde Digitalfems con otros colectivos como Datos contra el ruido o Autodefensaonline. Esta última web es una comunidad de mujeres hispanohablantes que ofrece guías y herramientas para eliminar la brecha de género digital, facilitando el acceso a la tecnología y explicando los mecanismos de denuncias que estas ofrecen para protegerse también frente a los abusos.

“Lo que hacemos es redirigir a las mujeres que acuden a nosotras a los recursos disponibles que hay en el Estado. Les damos instrucciones según el lugar en el que vivan, lo que les ocurra; de alguna manera les damos cobertura y reconducimos los casos a asociaciones de mujeres abogadas que les puedan ayudar”.

Explica Laia Serra que, si cuando una mujer sufre violencia machista en casa ahora ya sabemos cuál es nuestro papel y cómo debemos proceder como vecinas o familiares, cómo tramitar estas denuncias; con las violencias machistas digitales, aún estamos en proceso de entender cuáles son las vías para hacerlo.

Una mano amiga tendida que, en mi caso, me habría gustado que me contara la importancia de hacer capturas de pantalla validadas de esos comentarios para poderlos denunciar, que me hubiese pasado el teléfono de una abogada puesta en materia, que me hubiese sugerido que, si acceder a mi propia cuenta para silenciar esos mensajes me estaba generando ansiedad, podía pedirle a alguien que lo hiciera por mí. En definitiva, un entorno consciente de que esos comentarios sí son para tanto y que son otra forma de violencia.