Dignidad, por Ana Pastor

Durante años y años ahorraron y se deslomaron para poder tener un piso propio. Así empiezan centenares de historias que han terminado fuera de las deseadas cuatro paredes y con una deuda imposible de asumir. En algunos casos, demasiados, el suicidio se ha convertido en una dolorosa opción que retrata a un sistema que engulle a los más débiles y protege a entidades voraces que salvan sus cuentas de beneficios con el chaleco antibalas del dinero público.

Son múltiples las generaciones que históricamente en España han considerado la vivienda como el bien más seguro, el único valor refugio al que entregarse, la mejor inversión y la herencia más sólida que se podía dejar a los hijos. Y de repente eso empieza a esfumarse. Muchas familias reciben la primera ola del tsunami del desempleo pero después, cuando creen que nada peor puede ocurrir, llega el banco y las expulsa de su casa dejándoles para colmo una deuda inasumible.

La desfasada e injusta ley hipotecaria que marca las reglas ha conseguido algo casi inaudito en nuestro país: acercar las posiciones de los principales partidos, la sociedad, la judicatura, los medios y hasta la Unión Europea. Casi todo el mundo coincide ya en la urgencia de una necesaria y rápida actuación para evitar el lado más injusto, doloroso e inmoral de los desahucios, a un ritmo de 500 diarios. La alarma crece y mucho más si hablamos de entidades financieras que han tenido que ser rescatadas de la bancarrota con el dinero de todos los ciudadanos. Y para empezar ¿por qué no medidas especiales para las familias más vulnerables? No es lo mismo la primera y única vivienda, no es lo mismo tener hijos o dependientes a cargo, no son lo mismo rentas infrahumanas, etcétera. Con las reglas de juego actuales, a toda esta parte de la sociedad le resultará imposible construir y reconstruir su futuro.

Condenamos a cientos de familias a un punto de no retorno: buscar desesperadamente un empleo, no para mantener a los suyos sino para solventar la deuda del acreedor. Es revelador que en el diccionario de la Real Academia de la Lengua una de las acepciones del verbo «desahuciar» sea «quitar a alguien toda esperanza de conseguir lo que desea». Sin embargo hay quien sí ha velado por esa esperanza cuando nadie alzaba la voz. El trabajo del movimiento ciudadano Stop Desahucios ha generado un ruido suficientemente molesto e incómodo como para que una nueva justicia comience a abrirse paso. Incluso se les llegó a atacar bajo la socorrida definición de antisistemas. Paradójico cuando precisamente su objetivo principal era mejorar una de las indignidades del sistema.

¿Quién ha dicho que no se puede cambiar el mundo? Stop Desahucios ha empezado a hacerlo en busca de la protección de los más frágiles. Solamente falta que la política sea capaz de ofrecer respuestas claras, sensibles y eficaces para que este país sea algo mejor. Ya era hora.