No es la tecnología, sino su gobernanza, lo que salvará la democracia
El inmovilismo rara vez es una opción y las nuevas tecnologías no son intrínsecamente contrarias al orden liberal que las ha creado
Nuestros estados del bienestar se enfrentan hoy a un complejo dilema en lo que respecta a su relación con la tecnología. La cuarta revolución industrial puede acabar precipitando el colapso de las democracias liberales o elevarlas a niveles de prosperidad y representatividad nunca vistos en la historia. Que ocurra una u otra cosa dependerá de nuestra capacidad como sociedad para innovar y gobernar el cambio exponencial, sin dejarnos amedrentar por figuras como Donald Trump, que postulan el statu quo como única forma de progreso.
Hace diez años, reinaba en Occidente un gran optimismo respecto al efecto salvífico que la revolución digital tendría en nuestros estados. Las nuevas tecnologías, se decía, nos permitían diseñar mejores políticas, aumentar la transparencia y la rendición de cuentas de las administraciones públicas y fomentar la participación ciudadana, acabando así con la crisis de representatividad que, ya entonces, el abstencionismo empezaba a provocar en las democracias occidentales.
Animados por esa esperanza, numerosos gobiernos invirtieron millones de dólares en digitalizar sus procesos administrativos, desarrollar plataformas de voto online, e incorporar tecnologías como el big data a sus mecanismos de toma de decisiones.
Hoy, el panorama es radicalmente distinto. Los acontecimientos de los dos últimos años han transformado aquel optimismo inicial en escepticismo y rechazo. El caso reciente de Cambridge Analytica es solo el último en una larga lista de escándalos poblada de bots rusos, fake news, manipulación por redes sociales y hackeos a instituciones públicas. Sabemos con certeza que la inteligencia artificial está siendo empleada por ciertas empresas privadas, partidos políticos y gobiernos, para distorsionar el debate público, generar fractura social e influir procesos electorales como el referéndum del brexit o las elecciones presidenciales de los Estados Unidos.
Estos y otros episodios han hecho que muchos políticos y ciudadanos vean con recelo la integración de nuevas tecnologías al ámbito público, preocupados por los serios riesgos que estas plantean en materia de seguridad, privacidad, legitimidad de los procesos electorales, e incluso sostenibilidad financiera.
Tales reparos no deben ser ignorados. Sin embargo, tampoco debemos olvidar que el inmovilismo rara vez es una opción y que las nuevas tecnologías no son intrínsecamente contrarias al orden liberal que las ha creado. Los mismos algoritmos que algunos emplean para desinformar y dividir, pueden utilizarse para enriquecer nuestra comprensión de la realidad y movilizar a la ciudadanía en la defensa de sus derechos.
Los mismos robots que amenazan con destruir el 30% de los trabajos actuales, pueden servir para superar el reto del envejecimiento demográfico, elevar la productividad de nuestras economías, y generar cotas de bienestar sin precedentes. Son muchas las start-ups que están trabajando en esta dirección. La española Scytl ha implementado sistemas de voto online en 20 países y gestionado electrónicamente más de 100.000 eventos electorales. Factmata y Avantgarde Analytics están usando bots para detectar y denunciar las noticias falsas que circulan en la red. Empresas como Govcoin, PokitDok y ODEM, emplean blockchain para reducir el fraude y mejorar la provisión de servicios públicos como sanidad y educación.
En los últimos años, el sector govtech ha crecido más de un 300% y alumbrado miles de startups en todo el mundo. El reto ahora está en acercar este tipo de empresas a los inversores, legisladores y políticos europeos, para que estos puedan regular convenientemente su uso, ayudarlas a crecer, e incorporarlas a las administraciones. Esto permitirá reducir costes y mejorar resultados, algo esencial si queremos asegurar la viabilidad del estado de bienestar y acabar con la crisis de confianza que aqueja a las democracias liberales.
La universidad debe ser parte de ese proceso. Por ese motivo, en IE hemos creado el Center for the Governance of Change, un centro de investigación aplicada único en su especie, diseñado para ayudar a instituciones públicas y privadas a navegar el cambio exponencial y facilitar la modernización de nuestros sistemas.
Nada sustantivo se logrará en el corto plazo. Pero precisamente por ello es importante que todos los agentes de la sociedad se sumen a este esfuerzo. La supervivencia del estado de bienestar y de la democracia como forma de convivencia, dependen en buena medida de ello.
Diego Rubio es doctor por la Universidad de Oxford, profesor en la Escuela de Relaciones Internacionales del IE y director ejecutivo del Center for the Governance of Change de IE.
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