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Interior dedica 43,7 millones al año a incentivar a los 5.347 policías y guardias civiles de Euskadi y Navarra

El gobierno asegura en una respuesta parlamentaria que no se plantea suprimir el complemento instaurado en 1980 y que ahora representa 682 euros mensuales para cada agente

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a su llegada al Congreso para intervenir ante la comisión de Interior.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a su llegada al Congreso para intervenir ante la comisión de Interior.

El Gobierno no tiene intención de suprimir ni reducir el complemento salarial que paga a los policías y guardias civiles desplegados en el País Vasco y Navarra desde 1980, cuando lo instauró el ejecutivo de Adolfo Suárez para incentivar a los agentes allí destinados ante la amenaza de ETA, que aquel año asesinó a 93 personas. Así lo recoge una respuesta parlamentaria del Ejecutivo al diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu, que planteaba si el fin de la actividad terrorista en 2011 y la posterior disolución en 2018 de la organización terrorista había llevado a estudiar su eliminación. En la actualidad, hay en estas comunidades 5.347 agentes de ambos cuerpos que reciben mensualmente 681,98 euros brutos en concepto de peligrosidad. Pese a ese incentivo, cerca del 20% de los puestos de las plantillas están sin cubrir, un porcentaje solo superado en Cataluña.

En la respuesta parlamentaria, el Gobierno detalla que en la actualidad hay destinados en el País Vasco —donde la Ertzaintza, como policía integral asumió hace años las funciones de seguridad ciudadana— y Navarra —donde la policía foral va ampliando competencias y próximamente asumirá las de Tráfico— 3.508 guardias civiles y 1.839 policías nacionales, a cada uno de los cuales abona el mismo complemento independientemente de su puesto y rango. La cantidad se mantiene sin variación desde 2011. Esto supone un desembolso mensual de 3,6 millones de euros y 43,7 millones al año. A estas cifras, añade la respuesta, se suman otros complementos sensiblemente inferiores que perciben otros funcionarios y personal laboral del Ministerio del Interior destinados en ambas comunidades. Se trata de 217 personas que reciben un complemento de entre 167 y 101 euros mensuales. En total, 427.000 euros al año.

Además de este incentivo económico —consolidado por un decreto ley por el Gobierno de Felipe González en 1984— los policías y guardias civiles reciben otras ventajas. Los agentes del instituto armado disponen de hasta 14 días más entre vacaciones y permisos por asuntos particulares, que en el caso de los policías se elevan hasta los 30. Sin embargo, en este caso su disfrute está condicionado a que no afecte al “perfecto desenvolvimiento de todos los servicios”, detalla el Gobierno. Interior tampoco se plantea retirar estas mejoras en el futuro.

El año pasado, una auditoría externa encargada por el ministerio para estudiar la equiparación salarial de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil con los de los Mossos d’Esquadra abogaba revisar ese complemento dado el “significativo cambio” que se había producido en las dos comunidades tras el final de ETA. El informe, elaborado por la consultora Ernst & Young Abogados, proponía destinar esos fondos a incentivar la llegada de agentes a Cataluña, donde el déficit es aún mayor en estos momentos. No obstante, el ministro Grande-Marlaska decidió mantener ese plus.

Los sindicatos de la policía y las asociaciones de la Guardia Civil rechazan de plano ningún cambio en este complemento. Pablo Pérez, portavoz de Justicia Policial (Jupol), el sindicato mayoritario en la Policía Nacional, considera que debe mantenerse: “No nos matan, pero no nos dejan vivir. Seguimos sufriendo acoso y persecución”, añade. Pérez recuerda el caso de Alsasua, en el que dos guardias civiles y sus parejas fueron agredidos en un bar de esta localidad navarra en octubre de 2016. Para el representante de Jupol “la medida no es eliminar o reducir ese complemento, sino que se extienda a Cataluña, donde ahora los policías viven una situación similar”. En la actualidad, los agentes en esta comunidad reciben un plus de territorialidad de 54 euros mensuales (algo más en Barcelona). El porcentaje de vacantes se eleva al 25% e, incluso, al 30% en las provincias de Girona y Lleida.

Un portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP) considera que este tipo de incentivos es “necesario para mantener las plantillas actuales en aquellas Comunidades Autónomas en las que la presencia del Estado es cuestionada de forma sistemática desde formaciones políticas y medios de comunicación de índole independentista”. El SUP propone extender la medida, no solo a Cataluña, sino a otras zonas, como el Campo de Gibraltar, “en las que el día a día de un policía y sus familiares, exige un importante plus de dedicación y penosidad”.

Juan Fernández, portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), mayoritaria en el instituto armado, también defienden el mantenimiento del complemento económico. "Vivir y trabajar en el País Vasco y Navarra no es igual que hacerlo en otra parte del territorio nacional. Es una zona donde desgraciadamente existen círculos que muestran su rechazo a nuestra permanencia allí, e intentan expulsarnos", señala en referencia a la convocatoria por parte de la izquierda abertzale en algunos municipios de la llamada Ospa Eguna (día del adiós, en euskera) para reclamar la salida de la Guardia Civil. "Este odio lo perciben no solo los guardias civiles sino sus familias y el trabajo allí desarrollado debe tener el merecido reconocimiento por parte del Estado", añade.

Fernando Trejo, presidente de la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) también rechaza la retirada de este complemento. “Es cierto que la situación de violencia actualmente no es la misma que hace unos pocos años, afortunadamente; pero también es cierto que aun hoy no se dan las circunstancias favorables para que los guardias civiles pueden realizar en muchos sitios de estas dos Comunidades Autónomas una vida totalmente integrada en la sociedad, donde aún son rechazados”, y recuerdan los escraches en los cuarteles de Oñati (Gipuzkoa) y Etxarri Aranatz (Navarra), así como las agresiones de Alsasua. Trejo también reclama que se extienda a Cataluña, que también considera “zona conflictiva”.

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