España es el país de la UE con más peticiones de asilo por la presión de Latinoamérica

Flor Cárcamo se siente como Alicia en el país de las maravillas cuando camina por las calles de Madrid tras dejar San Pedro Sula (Honduras), donde ha vivido los últimos 31 años de su vida. Hace nueve meses dejó a sus dos hijos —de tres y cinco años— con lo que queda de su familia, que aún resiste en la segunda ciudad más poblada de Honduras, la más violenta del mundo.

Su relación con la violencia ha sido algo tan cotidiano que la vivía hasta con cierta naturalidad, como si fuera algo inevitable. Hasta que hace ocho años mataron a uno de sus nueve hermanos, de 29 años, cuando unos pandilleros intentaban reclutarle. La policía forense encontró su cuerpo una semana después. Pasaron tres años y Flor perdió a otro, de apenas 20 años. Nunca encontraron el cadáver.

Se puso a investigar. Ya ataba cabos cuando ocurrió algo que la detuvo: la llamada de una vecina. “Andan unos hombres encapuchados en un carro persiguiendo a tu niña”. Flor tiene otra hija a la que los pandilleros llevaban semanas esperando a la salida del colegio. Hacían siempre lo mismo: le enseñaban fotos de sus dos tíos muertos y de su madre. Con ello, trataban de mandar un mensaje a Flor a través de su hija de 10 años.

Comenzó a tramitar los documentos y a buscar coyotes (traficantes de personas) para llevar a su hija hasta la frontera con Estados Unidos, donde vive el padre. Dejó su trabajo en una fábrica de camisetas y dedicó todo su tiempo a protegerla hasta que llegara la fecha del viaje. 14 días, cinco coyotes, seis coches y 12.000 dólares después, llegaron juntas a la frontera. Madre e hija se separaron cuando le cedió la potestad a un padre al que la niña solo conocía a través de videollamadas.

De vuelta en San Pedro Sula, la situación no mejoró. Se decidió a denunciar las amenazas que había sufrido; no pasó nada. La guerra entre las pandillas que controlan cada manzana de su barrio se intensificó. Dos de sus hermanos se marcharon a México, otro se unió a una de las caravanas hasta Estados Unidos. La violencia marcaba el ritmo de su familia y acabó por marcar también el suyo. Y se decidió. Por sus hijos.

Su cuñada vive en España y la animó. Pocos meses después se subía a un avión hacia el aeropuerto de Madrid-Barajas. Pero no pidió asilo inmediatamente. Tenía miedo de que no la creyeran y la deportaran. Se instaló con la mujer de su hermano asesinado y consiguió un trabajo cuidando ancianos. Ahora ha cambiado de opinión porque las noticias que le llegan desde San Pedro Sula no son buenas: quiere traer a España a sus hijos antes de que las pandillas intenten reclutarles.

“Están creciendo”. A Flor se le trunca la voz por primera vez y retira una lágrima en un gesto rápido. No quiere sentimentalismos: quiere contar los hechos. El 22 de enero obtuvo cita para solicitar asilo y le contó esta historia a un policía. El agente, muy profesional, le preguntó por qué había tardado siete meses en hacerlo y por su elección por España. “Este es el país de las maravillas”, contestó.

Trabajar en prisión nunca ha sido algo fácil. Menos si se trata de La Picota, una de las cárceles más importantes de Colombia. En este centro se recluye a los grandes capos de la droga del país. Detrás de esas paredes estaba Fernando Bernal (Bogotá, 38 años) que se encargaba del mantenimiento del sistema de videovigilancia. Su labor era solamente técnica, sin riesgo. Pero eso cambió con una petición indiscreta de los guardias: “Necesitamos que borre las grabaciones [de las cámaras]”. Su negativa vino acompañada de ataques físicos, amenazas y su eventual huida del país. Ahora, tres meses después de llegar a España, espera que se le otorgue asilo, aunque es consciente de que la solicitud cruzará un laberinto burocrático del que cree que no saldrá en mucho tiempo.

Bernal ha vivido en un año lo que muchos no experimentarán en toda una vida. Nada revela en este hombre los sinsabores de los últimos meses. Cabello peinado hacia atrás con gomina, camiseta roja, cazadora gris y unos vaqueros. Su seriedad es contagiosa. No es para menos, ha pasado de tener una vida estable —con un grado en telecomunicaciones, esposa, un hijo en la universidad y un sueldo aceptable— a dormir en la calle en el invierno madrileño. Y, si corre con suerte, en una cama de los centros de la campaña municipal contra el frío.

A pesar de todo, nada se compara a esas semanas de tensión antes de salir de Colombia. Los guardias de seguridad de La Picota —cuyo director fue detenido en 2018 tras haber recibido un soborno de 5.000 euros de un interno— perdían la paciencia tras sus negativas. Más de una vez algún desconocido lo interceptó en la calle con un mensaje: “Piénselo bien, o lo vamos a desaparecer”. Decidió salir del país tras ser apuñalado en el brazo izquierdo. No quedaba otra opción.

Las amenazas se extendieron a su familia, que tuvo que refugiarse en casa de sus suegros después de que unos desconocidos encañonaran a su hijo cuando salía de la universidad. “Mándale saludos a tu padre”, fue el mensaje que le dieron. El recuerdo estremece su voz. Entrelaza sus manos y se acomoda en la silla del patio de la parroquia madrileña de San Carlos Borromeo, punto de encuentro de otros solicitantes de asilo en la capital española. Su familia continúa en Colombia. No salen de casa. Su esposa cubre los gastos gracias al dinero de sus suegros y a los pesos que gana vendiendo licor. Su hijo ha dejado los estudios. No encuentra la frase exacta para expresar lo que siente: “Ha sido muy duro”.

Todo esto sucede a miles de kilómetros desde donde a Bernal solo le queda la impotencia de no poder apoyarlos económicamente. Cuando llegó a Madrid, pidió empleo en tiendas de alimentación, pero no tuvo éxito por carecer de papeles. Sus ahorros solo alcanzaron para pagar el alquiler de una habitación de Alcobendas las primeras semanas. Ahora tiene cero euros en la cuenta. Pasó el día de San Valentín en una comisaría tramitando su solicitud de asilo. Y ahora espera que su suerte cambie.

España solo otorga protección al 5% de los solicitantes de asilo. Es una tasa próxima a la de Hungría, donde se ha impuesto el discurso antirrefugiados, y está muy lejos de la media europea del 30%. Ese número tan bajo se explica, por un lado, porque a la inmensa mayoría de los venezolanos que pide asilo les deniegan su solicitud por no cumplir los requisitos para convertirse en refugiados. La negativa no les permite beneficiarse de los permisos permanentes para residir y trabajar en España y del sistema diseñado para ayudarles en su integración social y laboral, pero sí reciben un reconocimiento especial, que se niega a otras nacionalidades. El Gobierno decidió hace un año conceder a los venezolanos que han visto denegadas sus solicitudes desde 2014 un permiso de residencia y trabajo de hasta dos años por razones humanitarias. Esta autorización solo puede obtenerse formalizando una solicitud de asilo: esta fórmula elegida por el Gobierno sirve también para explicar el enorme aumento de peticiones de este colectivo en los últimos meses. “Otro de los motivos es la mirada restrictiva de nuestras autoridades para conceder asilo a víctimas de las maras, procedentes principalmente de El Salvador y Honduras”, denuncia la directora de Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Estrella Galán. “Estos perfiles merecerían también algún tipo de protección”.