Las construcciones ilegales que se convirtieron en refugios para narcos
La Guardia Civil precinta 14 naves de un polígono en Isla Mayor, objeto de varias redadas antidroga, por tratarse de construcciones ilegales
A mediados de los ochenta en Isla Mayor, un municipio sevillano de unos 6.000 habitantes que vive del cultivo del arroz y de la pesca del cangrejo rojo, se levantaron varias naves a orillas del río Guadalquivir, muchas se hicieron sin licencia y careciendo de proyecto y en algunos casos usurpando el dominio público. La ley de regulación urbanística de la Junta de Andalucía de 1994 determinó que esas construcciones se consideraran como fuera de regulación. Con el paso del tiempo, algunas han sido heredadas por los nietos de quienes las pusieron en pie, otras han pasado de manos perdiéndose el rastro de su titular inicial y muchas han sido alquiladas por los narcos y utilizadas como guarderías de hachís.
Los vecinos de Isla Mayor se despertaban a primera hora de este martes con el ruido de las sirenas de los más de 10 vehículos de la Guardia Civil que se han desplazado hasta esas naves, ubicadas en el Polígono Príncipe de Gales, muy cerca del núcleo urbano del municipio, en una macrooperación contra esas construcciones ilegales. Los agentes han precintado 14 naves. A los 18 investigados, ninguno detenido, se les acusa de delitos contra la ordenación del territorio y contra el medio ambiente, pero el verdadero objetivo es, de acuerdo con fuentes de la investigación, hacer daño a las infraestructuras que el narco tiene en la localidad sevillana.
Isla Mayor es uno de los principales epicentros del tráfico de hachís en el Guadalquivir. Los meandros que dibuja la marisma del Guadalquivir y su orografía punteada por canales, que complica la vigilancia policial, son un lugar idóneo para el paso furtivo de narcolanchas y la ocultación de alijos. La Guardia Civil lleva dos décadas realizando operaciones contra el tráfico de hachís en la localidad, varias de ellas localizadas precisamente en el polígono que han precintado esta mañana.
De acuerdo con la información facilitada por el Instituto Armado, las 18 personas involucradas en la operación están siendo investigadas por la ocupación y construcción irregular de naves de uso agrícola e industrial, algunas convertidas en viviendas. Varios habrían ocultado la identidad de los verdaderos constructores y promotores tras una sucesión de compraventas privadas entre ellos, para dificultar la persecución de lo edificado. “Muchas eran alquiladas por narcos”, reconocen fuentes de la investigación. Con esta acción se persigue derribar todo el polígono para evitar que sus instalaciones se utilicen para fines ilegales.
Esta operación, bautizada Itálica, se inició en diciembre a raíz precisamente de una investigación contra el narcotráfico para identificar a los autores de tráfico de hachís que presuntamente estarían utilizando algunas naves del polígono para ocultar planeadoras usadas para el narcotráfico. La Fiscalía de Medio Ambiente presentó varias querellas contra los dueños de las naves irregulares por considerar que habían ocupado dominio público marítimo terrestre y construido sin ningún tipo de licencia. En el despliegue de la mañana de este martes han intervenido agentes del Equipo de Delitos Urbanísticos de la Unión Orgánica de la Policía Judicial de Sevilla, junto con el Organismo de Coordinación contra el Narcotráfico (OCON), que han contado con el apoyo de Unidades de Seguridad Ciudadana, Unidad Aérea y Grupo Especial de Actividades Subacuáticas.
La última gran operación (Vegano) contra el narcotráfico en Isla Mayor se llevó a cabo el pasado mes de agosto. La Guardia Civil consiguió desarticular al clan de los Ginés que transportaba hachís desde el norte de África a Europa a través del Guadalquivir. La localidad ha visto crecer a otros clanes, como el de Los Marios, desmantelado hace un año y que había tenido en nómina a buena parte del cuartel de la Benemérita —la mitad de la plantilla (cuatro de ocho agentes) fue detenida en 2017 y el Tribunal Supremo confirmó la semana pasada la condena a 14 años de cárcel para su sargento—. La presión ejercida por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en el Campo de Gibraltar impulsó la ruta fluvial, menos vigilada entonces.
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