Cinco juicios por corrupción acorralan al PP

El expresidente José María Aznar se rebeló el pasado martes contra una decisión que no esperaba: tendrá que declarar como testigo en el juicio por los llamados papeles de Bárcenas, la presunta financiación ilegal del PP entre 1990 y 2009 y, específicamente, el uso de dinero negro en las obras de reforma de la sede del partido. Aznar se quiere desvincular ahora de aquellos hechos. “He de recordar”, escribió en su cuenta de Facebook, “que dejé la presidencia del PP en 2004, varios años antes del periodo en el que al parecer esas obras se llevaron a cabo”. En esta causa, abierta en 2013 tras la publicación por EL PAÍS de la contabilidad secreta del PP, solo han sido procesados los extesoreros y exgerentes del partido por las obras de reforma de la sede, pagadas presuntamente en parte con dinero negro. El sistema corrupto que ha investigado la Audiencia Nacional durante seis años fue creado y desarrollado durante el mandato de Aznar (1990-2004). Mariano Rajoy lo mantuvo intacto cinco años más.

El juicio, uno de los cinco que se celebrarán en los próximos 12 meses vinculados al caso Gürtel, tendrá cerca de 100 testigos, entre ellos los 20 empresarios que donaron casi ocho millones de euros al partido, además de Aznar, Rajoy y ocho exministros que supuestamente cobraron sobresueldos de la caja b.

La vista oral del caso de los papeles de Bárcenas, que comenzará el 8 de febrero de 2021, supone una nueva amenaza para el prestigio y la imagen del PP, que ya ha sufrido las consecuencias del caso Gürtel. Esta causa judicial provocó un terremoto político el 1 de junio de 2018: la primera moción de censura exitosa de la democracia. El desencadenante de aquel episodio, que hizo presidente al socialista Pedro Sánchez, fue la sentencia que condenó al PP como partícipe a título lucrativo de los delitos cometidos por la trama Gürtel. Las empresas de Francisco Correa financiaron actos electorales como pago por los contratos amañados que recibieron en los municipios madrileños de Pozuelo y Majadahonda.

Aquella sentencia fue solo el comienzo de un calvario judicial para el PP que comenzó en 2009 y cuyo desenlace final se repartirá en cinco grandes actos durante los próximos 12 meses por las distintas salas de la Audiencia Nacional. En los dos últimos años, los tribunales han dictado sentencia en cinco de las 12 piezas del caso Gürtel, con el resultado de 72 condenados por corrupción, entre los que se encuentra el extesorero Luis Bárcenas (en prisión) y numerosos altos cargos populares de la Comunidad Valenciana y de la Comunidad de Madrid.

Los tribunales de la Audiencia sentarán ahora en el banquillo a 102 procesados para juzgar otras cinco causas vinculadas al PP y a la red corrupta de Francisco Correa. Son estas:

• Caso Boadilla: los millonarios negocios de Correa. Por hechos parecidos a los que acabaron con el Gobierno de Rajoy, la Audiencia juzgará en breve la corrupción en Boadilla del Monte (Madrid). La Fiscalía también acusa en este caso al PP como partícipe a título lucrativo de los delitos cometidos por la trama Gürtel. Correa hizo negocios millonarios en Boadilla del Monte entre 2001 y 2009. El gobierno municipal, del PP, adjudicó a dedo numerosos contratos y facilitó otros negocios inmobiliarios a la red corrupta. El juicio por este caso sienta en el banquillo a 27 personas y juzga la responsabilidad civil de 11 sociedades mercantiles.

• 'Papeles de Bárcenas': una caja b con 20 años de historia. El proceso judicial que más daño ha hecho a la reputación del PP se refiere a la contabilidad secreta que manejaron los extesoreros Álvaro Lapuerta (fallecido) y Luis Bárcenas. En esos papeles, revelados por EL PAÍS el 31 de enero de 2013, se registran 20 años de una caja b, alimentada por donaciones de constructores y contratistas, con la que presuntamente se abonaban sobresueldos a dirigentes del PP y se pagaban otros servicios para el partido. Por los hechos registrados en esa contabilidad oculta al fisco, el juez tan solo ha procesado a los tesoreros y gerentes del PP —por pagar con dinero negro la compra de acciones de Libertad Digital o parte de las obras de la sede de Génova, 13— y a los directivos de un despacho de arquitectura por defraudar a Hacienda al no declarar parte de los ingresos logrados por esa reforma. La Fiscalía y la Abogacía del Estado consideran al PP responsable civil subsidiario de los delitos fiscales atribuidos a sus tesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta. Pero el tribunal también examinará, en función de la lista de testigos que ha admitido, si se produjeron más delitos. El juez Pablo Ruz, primer instructor del caso, no pudo acreditar el delito de cohecho, la relación directa entre donativos y adjudicación de contratos. El juez José de la Mata, segundo instructor, reabrió la causa e investigó esta posibilidad. Durante dos años ha recabado testimonios de empresarios y dirigentes populares que sugieren una relación directa entre el dinero donado al PP y los contratos públicos recibidos. Además, incorporó al sumario la investigación secreta sobre una presunta operación policial pagada con fondos reservados para robar documentación a Bárcenas sobre la financiación ilegal del PP.

• 'Caso Arganda del Rey': adjudicación de terrenos. Con 21 procesados, entre ellos dirigentes del PP y los cabecillas de Gürtel, el juicio por las irregularidades detectadas en Arganda del Rey (Madrid) examinará otro asunto oscuro y de especial relevancia. El tribunal tendrá que juzgar la adjudicación de terrenos a Martinsa, la constructora de Fernando Martín, una operación que generó unas plusvalías multimillonarias. El comisario José Manuel Villarejo sostuvo durante un tiempo que el ático de Estepona que disfrutaba el entonces presidente madrileño Ignacio González era un regalo de Fernando Martín por la adjudicación de los terrenos de Arganda. La investigación nunca pudo acreditar esos hechos.

• Visita del Papa a Valencia. En marzo está previsto el inicio del juicio por las adjudicaciones de la televisión pública valenciana a una constructora, Teconsa, para la cobertura informativa de la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006, cuando gobernaba el PP. Hay 23 procesados, entre ellos el expresidente de las Cortes Valencianas y Director General de la Policía, Juan Cotino.

• Los contratos del Gobierno de Francisco Camps. Este juicio llega tras reabrir la investigación De la Mata por una confesión de quien fue secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa. En su declaración, Costa involucró al expresidente Francisco Camps en el amaño de contratos a favor de la trama Gürtel. El testimonio de quien fue mano derecha de Camps permitió incluir al expresidente valenciano como procesado. La Fiscalía pide para Camps dos años de cárcel. Junto a estos cinco juicios, los magistrados finalizarán antes de julio la instrucción de otras dos causas, los casos Lezo y Púnica, que implican al PP en nuevos delitos de financiación ilegal y que mantienen imputados a tres expresidentes autonómicos de Madrid: Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes.