La fiscal del crimen de Polop califica al exedil acusado como “único autor intelectual posible” del asesinato

Las tres semanas del juicio del crimen de Polop no han desviado en lo más mínimo el rumbo seguido por la fiscal, Lourdes Giménez-Pericás. En sus conclusiones finales, ha mantenido este jueves las tesis establecidas en su escrito de acusación inicial, así como las penas, de 25 años por asesinato para los supuestos autores intelectuales y dos más por tenencia de armas para los materiales. Lo que sí ha procurado afianzar es la culpabilidad del presunto cabecilla del complot que acabó con el alcalde Alejandro Ponsoda en 2007. Según la fiscal, el exedil Juan Cano, número dos del equipo municipal de la víctima, es “el único autor intelectual posible del asesinato”.

Son siete los acusados que han comparecido ante el jurado popular. Cano, el empresario Salvador Ros, el propietario del club de alterne Mesalina, Pedro Hermosilla, y su socio y lugarteniente, Ariel Gatto, como instigadores del crimen. Raúl Montero, Robert Franek y Radim Rakowski, como autores de los tres disparos que recibió Ponsoda. Sin embargo, la representante de la acusación pública ha conseguido articular todo su discurso de forma que solo hubiera un protagonista principal. Tanto en la presentación de indicios, como en la defensa de la investigación llevada a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la fiscal no ha permitido que el jurado aparte la mirada de Cano. “Todos los caminos conducían a él”, sostiene.

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En primer lugar, Giménez-Pericás ha desgranado todas las desavenencias que, según las declaraciones de los testigos, mantenían el concejal de Urbanismo y su único jefe, el alcalde asesinado. Asegura la fiscal que existían “problemas constantes” entre ambos, dado que la “ambición” del edil no era capaz de asumir que “Ponsoda era quien tenía la última palabra en el Ayuntamiento y tomaba las decisiones”. Ha llegado a acusar a Cano de “tratar de controlar” el urbanismo polopino mediante un “golpe de Estado”, representado por la creación de una gestora ajena al consistorio. El móvil es evidente, para la fiscal. “Si Ponsoda desaparecía, Cano se convertía en alcalde”, subraya.

Posteriormente, la responsable de la acusación pública ha respaldado la investigación de la UCO, de quienes dice que no dejaron una sola línea de investigación por analizar. “Lo estudiaron todo y lo investigaron todo”, asegura. Las amenazas recibidas por Ponsoda por parte de “vecinos con conflictos”, según las calificó la fiscal, “fueron descartadas porque no tenían motivo suficiente”. La “vida sentimental” de la víctima también, ya que Ponsoda “no contaba a nadie cuál era su cargo” y llevaba “esta parcela privada de su vida con absoluta discreción”. Con estos descartes, solo quedaba una posibilidad, insiste la representante del ministerio público. “Se intuía la presión y la incomodidad” que la víctima del crimen sentía frente a Cano.

Por último, la fiscal ha intentado blindar la “credibilidad” del testigo protegido, el antiguo mercenario y portero de clubes de Benidorm que situó a Cano al frente la reunión en el Mesalina en la que, según la investigación, pactó el asesinato de Ponsoda junto a Ros, Hermosilla y Gatto. En su opinión, el testigo fue “sincero” en todo momento en su declaración ante el jurado y no obtuvo beneficios por el relato que confesó a la UCO, sino “perjuicios”.

El letrado de la acusación particular, Vicente Garri, que defiende los intereses de las dos hijas de la víctima, ha añadido en su posterior intervención que todos los acusados son “personas sin escrúpulos” y que la “ambición personal” de Cano alimentó su “odio hacia Ponsoda”, a quien “humillaba y hacía la vida imposible” antes de que llegara el 19 de octubre de 2007, fecha en la que el alcalde de Polop recibió tres tiros en su coche, justo en la rampa del aparcamiento de su vivienda.

Finalmente, tras los alegatos de las acusaciones, las siete defensas han tratado de que la magistrada, Cristina Costa, disolviera el jurado por la ausencia de pruebas, tal como establece el artículo 49 de la Ley del Jurado. Sin embargo, Costa ha rechazado esta propuesta conjunta, dado que no considera que los indicios presentados impiden que “exista una total y absoluta ausencia de pruebas”, según la normativa. Por tanto, tal como está previsto, el próximo lunes los integrantes del jurado recibirán el objeto del veredicto y pasarán a deliberar.