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La noche que mataron al alcalde Ponsoda

Un testigo protegido, frente a los siete hombres que se sientan en el banquillo por la muerte del regidor alicantino

Desde la izquierda, Pedro Hermosilla, Ariel Alberto Gatto, Robert Franek, Radim Rakowsky y Juan Cano, el miércoles, durante un receso del juicio. En vídeo, el testigo protegido del crimen de Polop. JOAQUÍN DE HARO RODRÍGUEZ | VÍDEO: ATLAS

El 19 de octubre de 2007, el municipio de Polop de la Marina (Alicante), de poco más de 4.000 habitantes, sufrió una sacudida de la que aún no se ha recuperado. Aquel viernes por la noche, dos o más personas tirotearon a su alcalde, Alejandro Ponsoda, que murió tras ocho días de agonía. Doce años y tres meses después, siete personas se sientan en el banquillo de la Audiencia Provincial de Alicante acusados del crimen. El principal encausado es Juan Cano, exconcejal de Urbanismo de Polop, a quien la investigación considera el cabecilla. Junto a él, un empresario, Salvador Ros, y dos socios de un club de alterne, Pedro Hermosilla y Ariel Gatto. Todos ellos se defienden del relato de un testigo protegido que asegura que le encargaron el asesinato, pero que lo rechazó. Y que sugirió, “por amistad”, los nombres de los tres sospechosos de disparar a Ponsoda: el narcotraficante extremeño Raúl Montero y dos presuntos sicarios checos, Radim Rakowski y Robert Franek.

El juicio, que se celebra ante un jurado presidido por la magistrada Cristina Costa, se ha convertido en la colisión de dos mundos opuestos. A un lado, el pueblo de Polop, que votaba en masa a Ponsoda, quien gobernó cuatro mandatos con mayorías absolutas con el PP, algo que no se ha vuelto a repetir. Al otro, la noche de Benidorm, la mole turística alicantina, en la que cabe todo el mundo. Y también, un inframundo de drogas, prostitución y negocios turbios. En la intersección entre ambos entornos se sitúa Cano, a quien los investigadores consideran instigador del crimen.

Las sospechas sobre él recaen dos años después del asesinato. En una visita al Mesalina, el club de Hermosilla y Gatto, uno de los trabajadores ofrece un dato clave que ilumina una investigación que no encontraba salida. Se trata de uno de los porteros del local, antiguo mercenario confeso, que relata que Cano, Ros y sus dos jefes le ofrecen en una reunión en el burdel “matar al alcalde de Polop”. Él rechaza la proposición, según ha dicho en el juicio. Sí accedió a dar dos nombres, los de Rakowski y Franek, dos amigos que, como él, “vivían de estas cosas”. Junto a ellos siempre estaba Montero, a quien no conocía el que desde entonces es testigo protegido. El exmercenario explicó cómo se realizan estos encargos: “Se paga la mitad por adelantado” y el resto, una vez concluido el trabajo, en plazos de 999 euros mensuales, “para que no salten las alarmas de los bancos, en diferentes cuentas”. El declarante, de origen portugués y buen conocedor de los bajos fondos de Benidorm, señaló que no sabía “si al final fueron Robert y Radim los que lo hicieron”, aunque ese es el rumor.

Cano se mostró tranquilo durante su declaración. Afirmó que “jamás, con nadie” había acordado la muerte de quien era su jefe. Alegó que se llevaba bien con Ponsoda, a quien sucedió en el cargo tras el crimen, a pesar de que nunca tuvo claro si quería alcanzar la alcaldía o no. “Alejandro estaba cansado y no quería continuar”, dijo ante el jurado, “y yo solamente le pedí que dimitiera unos meses antes de que acabara la legislatura, para probar si me iba a gustar ser alcalde”. Las hijas de la víctima sostienen lo contrario. “Era un segundón” que quería hacerse con el mando del pueblo a toda costa, han asegurado. Su odio por Ponsoda y su ambición se evidenciaron desde el mismo día del entierro, dicen.

El exconcejal, un tipo grande con fama de hosco que había sido director de una sucursal de Caja Mediterráneo (CAM) explicó que incluso cuando se le relegó en las listas electorales de 2003, por unas grabaciones en las que parecía sobornar a un empresario, Ponsoda le apoyó.

Contra casi todos

Según el relato de Cano, Ponsoda era su único apoyo. Ante el jurado despotricó contra casi todo el que tuvo algo que ver con el PP de su pueblo. Y también, contra sus compañeros de banquillo. Sobre Ros, un empresario alto, delgado y muy nervioso, aseguró que nunca le “cayó bien”. El sentimiento era recíproco, aseguró Ros. A los socios del Mesalina les concedió una hipoteca en 2001 cuando estaba en la CAM y no los volvió a ver. Y a los presuntos sicarios, ni los conoce. En cuanto a las hijas de Ponsoda, señaló que la UCO “les había calentado la cabeza” para acusarle. Tampoco ahorró calificativos para los agentes de la instrucción, a quienes llamó “sinvergüenzas, gentuza”.

El resto de implicados se dedicaron a hacer ver que nada les unía, más allá de conocerse, y que el supuesto complot en el Mesalina jamás se celebró. Todos indicaron que el personaje clave de la investigación era un chivato policial que obtuvo beneficios gracias a su historia, que uno de los abogados defensores tildó de “espejismo de solución eficaz” para desatrancar una investigación “desesperada”. Salvo Cano y Ros, los acusados evocaron ese inframundo nocturno de Benidorm, con epicentro en el Mesalina y en algún local más, en el que se movían con soltura pero que quedaba demasiado lejos de Polop. Al juicio le quedan aún dos semanas de testimonios.

Una herida que sigue sin cicatrizar 12 años después

A las nueve de la noche del 19 de octubre de 2007, el alcalde Alejandro Ponsoda salió de una conferencia que se impartía en el Ayuntamiento que gobernaba desde 1995. Volvió solo a su casa, ya que su hija menor, María, había quedado con una amiga. Llegó a su casa de Xirles, una minúscula pedanía de Polop en su coche. Cuando estaba en la rampa de acceso del garaje, al menos dos personas se acercaron a la ventanilla del conductor y dispararon tres veces. Solo una de las balas impactó en la cabeza del edil polopino, que murió ocho días después en el Hospital General de Alicante.

En el lugar del crimen solo aparecieron los casquillos, de dos armas distintas.

Las primeras investigaciones solo contaban con las amenazas vertidas hacia Ponsoda por un matrimonio francés por una licitación de obras y la presencia sospechosa de un hombre “alto, con el pelo largo y rubio y barba” que estuvo por Xirles durante la semana posterior al tiroteo. Los ciudadanos de Polop se comportaron como los de cualquier municipio pequeño. Todos parecían saber algo, pero nadie hablaba. Dos años después, Cano y el resto de acusados fueron detenidos. Cano pasó ocho meses en prisión y salió tras pagar 20.000 euros de fianza. Los siete salieron en libertad provisional y se enfrentan a entre 25 y 27 años de cárcel por asesinato.

El juzgado de Villajoyosa que llevaba la causa se colapsó y el juicio se ha retrasado 12 años. La herida que causó en Polop la muerte de su alcalde sigue sin cicatrizar.

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