El testigo protegido del ‘caso Polop’ asegura que propuso el nombre de los sicarios acusados de matar al alcalde

Las acusaciones del juicio del crimen de Polop (Alicante) han tenido este jueves ocasión de sacar su artillería. Consistente, en realidad, en una única arma: la declaración del testigo protegido que logró, con su intervención, que la investigación realizada por la Guardia Civil apuntara hacia los siete acusados que se sientan en el banquillo por matar al exalcalde popular de la localidad en 2007. Y durante tres horas de interrogatorio, el relato no se ha movido ni un milímetro: los propietarios del club de alterne Mesalina, que frecuentaba el alcalde, el exconcejal Juan Cano —acusado de ser el inductor del asesinato— y el empresario Salvador Ros le encargaron el homicidio y lo rechazó. Él mismo fue quien propuso a los presuntos autores materiales y lo hizo “por amistad”. Sin embargo, no sabe si finalmente fueron ellos quienes llevaron a cabo el tiroteo.

Sentado frente a la magistrada, escoltado por dos agentes y con los encausados ocultos tras un armazón de biombos, la principal baza de la fiscal y del abogado de la acusación particular se ha mostrado rocosa en su declaración. “Una noche, en torno a las tres de la madrugada, estaba trabajando en el Mesalina” como portero cuando uno de los propietarios del local, que no está acusado, le llamó porque “tenía un trabajito” para él. En la sala VIP del club de alterne le esperaban seis personas. “Estaba Pedro [Hermosilla], Ariel [Gatto], el Director [apodo con el que denominaban a Juan Cano] y [Salvador] Ros”, todos ellos acusados de ser los autores intelectuales del crimen, “y una pareja” de desconocidos sin identificar, una mujer rubia y un hombre.

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Una vez allí, le encargaron “matar al alcalde de Polop”. “Les dije que no estaba interesado y no les gustó”, narra. Posteriormente, le preguntaron “cómo se hacen esas cosas”. Gracias a su experiencia como mercenario en nómina de una empresa privada que trabajaba para diferentes gobiernos de todo el mundo, el testigo conocía perfectamente “el procedimiento”. Es decir, “la mitad del pago por adelantado” y después, “pagos mensuales de 999 euros al mes, para no hacer saltar las alarmas de los bancos, en diferentes cuentas”.

En ese momento, no se habló de dinero. El testigo sostiene que, inmediatamente después, bien porque alguien le preguntó, bien a iniciativa propia, dio “los nombres de Robert [Franek] y Radim [Rakowski]”, dos de los presuntos autores materiales de los disparos. Lo hizo “por amistad”. “Suena mal, pero entonces todos vivíamos de estas cosas”, señala. No recuerda si también metió a Raúl Montero Trevejo entre sus recomendaciones. Pero “los tres trabajaban siempre juntos”.

Tres semanas después, los responsables del Mesalina insistieron. Le ofrecieron 35.000 euros. Y volvió a rechazarlo. “Me enfadé, porque les había dicho que no quería hacerlo”. Su intención, tras más de quince años de trabajos más que turbios, era alcanzar una vida tranquila. “Me dispararon seis veces”, ha contado, “tengo bastantes agujeros y me cansé”. Durante su relación laboral para la firma de seguridad privada, en la que entró con 21 años, había trabajado para gobiernos y para rebeldes que derrocaban a gobiernos. O “como personal de protección en plataformas petrolíferas o barcos atuneros” contra el ataque de los piratas. “Hace tiempo que ya no hago esos trabajos”, ha sostenido.

Todos los letrados de la defensa le han insistido en por qué no contó que estaba al tanto de un delito de sangre. “Yo vivía en ese inframundo de Benidorm”, dice, “en el que no vas a la Policía”. “Otra cosa es que te pregunten”, ha añadido. “Como ese trabajo, escuché muchos más”, ha recordado, “me involucré en muchas cosas parecidas”. Por ejemplo, ha referido que fue en coche en alguna ocasión a “buscar a alguna chica que se había escapado de un club y no quería volver”. “No sentí la necesidad de contarlo”, ha proseguido, “además, en Benidorm tienes que tener cuidado de con qué policía hablas”.

Unos meses después, se enteró de lo que sucedió la noche del 19 de octubre de 2007. Alejandro Ponsoda, alcalde de Polop y jefe directo de Cano, considerado cabecilla del complot, había recibido tres tiros en la entrada al garaje de su casa. Uno de ellos impactó en su cabeza y lo mató tras ocho días de agonía en el hospital. “Un amigo de Radim”, ha apostillado el testigo, “me contó que hubo problemas con el pago” del encargo. Pero, ha insistido varias veces, “no sé si fueron ellos quienes dispararon”.

Defensas y acusación han tratado de establecer su relación laboral con el Mesalina. En 2007, trabajaba ocasionalmente en ese local, y en otros cuatro más, siempre como portero de discoteca. Al año siguiente, consiguió que le contrataran, pero se sintió “engañado”. Tras una baja médica, le pidieron que no volviera y los demandó. Ganó. Los agentes de la investigación llegaron hasta él. Le preguntaron. Testificó. Y desde entonces, su vida “es un caos”. Ha recibido amenazas del entorno de los acusados y un cheque en blanco si cambiaba su declaración. Incluso del abogado de Pedro Hermosilla, ha asegurado, que este jueves no ha estado presente en la vista.

“Entonces trabajaba por 120 euros diarios en una discoteca” y tuvo que dejarlo. “Me desterraron de Benidorm”. No ha obtenido beneficio alguno por su testimonio, ha aseverado. Cumplió condena de tres años y multa de 750 euros por un caso de tráfico de anabolizantes, aunque ahora no tiene antecedentes penales. “Amenazas de muerte, dinero gastado, tres fugas a Portugal [su país de origen] otra a Vigo, otra a Madrid y ahora, a otro sitio que no voy a decir”, ha detallado. “Los agentes de la UCO [Unidad Central Operativa de la Guardia Civil] contribuían con 500 euros para poder pagar la gasolina”, ha indicado. “He ganado malvivir, estrés, y salgo de aquí con una diana en la espalda”. “Lo único bueno de todo esto es que salí de esta forma de vida”, ha zanjado.