Los Verdes insisten en su negativa a aceptar a Puigdemont
Los partidarios de que ingrese en el grupo ecologista de la Eurocámara estudian forzar una votación
Carles Puigdemont y Toni Comín siguen huérfanos de familia política en la Eurocámara. El expresidente catalán y su exconsejero, que adquirieron la condición de eurodiputados el 3 de enero, pidieron a Los Verdes un lugar en su grupo parlamentario. Este miércoles, la formación ecologista ha vuelto a dar un no por respuesta tras una reunión de casi dos horas para tratar el tema. "Sigue habiendo muchas divergencias entre las dos partes”, ha reconocido la eurodiputada de ERC, Diana Riba, mientras a solo unos metros Puigdemont llegaba a la cafetería de la Eurocámara acompañado del también eurodiputado Toni Comín, su escolta y parte de su equipo.
En el encuentro han estado los copresidentes de Los Verdes, Ska Keller y Philippe Lamberts, por un lado, y por el otro, defendiendo el ingreso del expresidente de la Generalitat, Riba y el diputado nacionalista corso François Alfonsi. La formación persiste en su negativa por la falta de historial ecologista de los miembros de Junts per Catalunya, así como por su cercanía con la N-VA flamenca, un partido nacionalista con una postura muy dura contra la inmigración al que consideran en las antípodas de su discurso.
Tras naufragar el intento de conciliación, habrá nuevas reuniones en los próximos días, y si sigue sin haber acuerdo, serán finalmente los 74 eurodiputados verdes los que decidan en una votación si quieren tener como compañeros a Puigdemont, Comín y Clara Ponsatí —que se incorpora al hemiciclo el 1 de febrero tras el adiós de los europarlamentarios británicos por el Brexit—. Las matemáticas no son muy favorables para Puigdemont: el sector nacionalista del partido es minoritario, y perderá efectivos en cuanto se consume el Brexit.
Mientras tanto, ambos se han visto relegados a figurar como no inscritos, entre otros, junto al Partido del Brexit de Nigel Farage o el italiano Movimiento 5 Estrellas. Los inconvenientes son evidentes: intervienen menos tiempo, quedan fuera de las presidencias de comisión, no pueden realizar preguntas orales a la Comisión, y no tienen acceso a los fondos que se destinan a los partidos para sus actividades.
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